lunes, 11 de octubre de 2010

Venezuela - Expropiación Polar y Cargill - Tragedia Nacional

Que estas empresas pasen a manos del Estado sería una tragedia. Así lo aseguran expertos consultados por la Unidad, quienes advierten que no sólo se verían afectados los trabajadores y consumidores; sino que además se destruiría el sistema de producción, almacenamiento, distribución, procesamiento y suministro de alimentos.

UNIDAD VENEZUELA.- La Mesa de Unidad Democrática lamenta que, en lugar de aprender de la negativa experiencia de las estatizaciones, el Gobierno expropie y amenace con seguir expropiando; como lo hizo hoy el ministro de Alimentación, Carlos Osorio, al asegurar que las empresas Cargill y Polar debían estar en manos del Estado. La Unidad advierte acerca de las consecuencias empobrecedoras de estas decisiones.

En el caso particular de Polar, el dirigente del Movimiento de Defensa del Patrimonio Familiar, Alfredo Padilla –uno de los expertos consultados por la alianza–, recuerda que sus trabajadores disfrutan del mejor contrato colectivo del país. De llevarse a cabo la medida, alerta que los mismos se sumarían a los más de 2 millones 300 mil empleados del Estado que no disfrutan de libertades sindicales ni de contratación colectiva. “Encima de ello, van a ser discriminados aquellos que no entren por el aro de la revolución”, agregó.

Y no sólo eso, sino que además –recordó–, areperas, empanaderas, franquiciados y vendedores independientes verían mermados sus ingresos. “Se trata de un atentado al patrimonio de la familia”, aseguró.

Por si fuera poco, advirtió que el ciudadano tendría cada vez menos opciones para comprar lo que desee y se vería obligado a adquirir lo que disponga el Gobierno; toda vez que, de tomarse una decisión de esta envergadura, los venezolanos estarían más cerca del racionamiento de alimentos.

El experto en políticas agroalimentarias, Carlos Machado Allison, agrega que confiscar las empresas Cargill y Polar significaría terminar de destruir una trama de relaciones que ha llevado más de medio siglo construir –producción primaria, distribución de los productos, procesamiento industrial y suministro a unos 70.000 puntos de venta–, y que se ha caracterizado por el flujo de tecnología indispensable para garantizar la inocuidad y calidad.

Esto sin contar con que “la capacidad y competencia de ambas empresas no puede ser sustituidas por un aparato burocrático ineficiente”, insistió Machado Allison, al tiempo que aseguró que, “lejos de garantizar alimentación, lo que ocurriría sería un deterioro en la calidad y en la regularidad del suministro; y sería un terrible ejemplo para cualquier inversionista que desee colocar su dinero en Venezuela, porque se estarían viendo con un Gobierno totalitario (…) que quiere acumular en manos del Estado todo el poder económico y todo el poder político”.

Sería, a juicio de Padilla, una verdadera tragedia si el Gobierno tomara esta decisión. Sin embargo, su confianza está en que la sociedad venezolana rechaza estas medidas

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