jueves, 23 de mayo de 2013

Universidades

FRANCISCO JOSÉ VIRTUOSO SJ |  EL UNIVERSAL
jueves 23 de mayo de 2013  
La universidad pública venezolana atraviesa una grave crisis que amenaza con llevarla a la muerte. El salario mensual de un profesor universitario que ingresa como instructor apenas supera el salario mínimo y un titular gana apenas el doble de eso. Las comparaciones establecidas con sus pares en el mundo son realmente escandalosas e indican claramente la poca importancia que se concede en el país a la profesión docente universitaria. 

Las diversas federaciones sindicales que agrupan al gremio docente universitario se han declarado en huelga y su protesta pública nos ha servido para tomar conciencia de este grave desequilibrio. Es necesario que en toda la sociedad nos hagamos eco de sus exigencias y desde nuestras respectivas posiciones nos solidaricemos con ellas. Porque lo que está en juego es la muerte por inanición de nuestras universidades. Es obvio, que nuestro talento docente se vea obligado a explorar otras posibilidades profesionales o busque en otros países lo que no consigue en su tierra. 

Pero el problema va más allá de la remuneración salarial de los docentes. La universidad como institución es costosa si quiere alcanzar niveles adecuados de calidad. Se requieren laboratorios adecuados, infraestructura tecnológica, acceso a bases de datos bibliográficas, mantenimiento de infraestructuras, intercambios internacionales con otras universidades, publicaciones, etc. 

Adolecemos en Venezuela de una auténtica política de financiamiento público a la actividad universitaria. El crecimiento de la oferta de instituciones universitarias que hemos visto en los últimos años no ha hecho más que agravar el problema porque ha aumentado innecesariamente los costos. Es mucho más viable potenciar las capacidades del parque universitario existente que inventar la creación de otras muchas universidades. Quizás en algunos casos se justifica pero la sana lógica de racionalización de recursos requería una mejor planificación del sector universitario. 

La juventud de nuestro país demanda oportunidades de capacitación y posibilidades para el desarrollo de su talento. Quiere universidades de calidad, donde consigan talento que estimule la búsqueda de conocimiento y condiciones adecuadas para capacitarse profesionalmente. 

Tenemos un nuevo ministro en la cartera de educación superior. Los universitarios quisiéramos que nos oyera, que escuchara sin gríngolas ideológicas las necesidades del sector, que atendiera las demandas de quienes constituyen el corazón de la vida universitaria que son sus docentes e investigadores y considere las expectativas reales de nuestros estudiantes, que demandan educación de calidad.

fjvirtuoso@ucab.edu.ve

lunes, 6 de mayo de 2013

¿La última crisis?


VÍCTOR MALDONADO C. |  EL UNIVERSAL
lunes 6 de mayo de 2013  12:00 AM
Lo último que entienden los socialismos es que la política se vive desde la economía. Dicho de otra forma, las promesas de bienestar, igualdad y felicidad que se gritan desde la esquina de la demagogia y los populismos, siempre terminan siendo ecos luctuosos en la cotidianidad de la gente. La inflación más alta de América Latina, y la más crónica; la escasez que se expande desde los rubros más demandados hasta los más exóticos; el desempleo que ya no logra encubrirse detrás de los ineficientes faldones de las misiones, grandes y pequeñas; y la ausencia de vigor inversionista, son una lista incompleta de lo que está sufriendo la gente y contradiciendo el discurso político que dibuja un país totalmente ajeno a lo que viven y sufren los venezolanos.

La calle está llena de evidencias contrarias a ese país feliz que se difunde desde el sistema de medios públicos: los salarios que mezclados con el creciente costo de la vida resultan ser siempre insuficientes; la depauperación del empleo, ahora atascado por la peor legislación laboral del mundo; la debacle de los servicios públicos, su mal servicio, su pésima administración, que hace que todos vivamos pendientes de la luz que se apaga, del agua que cuando viene está sucia, de las cloacas que se tapan, de los huecos de las calles, de los taludes que se derrumban, y de hospitales sin equipos y sin talento médico disponible. Todos sufrimos el derrumbe del sistema de empresas públicas, arruinadas, maltratadas, improductivas e incapaces de resolver problemas económicos de poco calado. Y la inseguridad, que no es otra cosa que falta de policías, de políticas públicas sensatas, de modelaje a favor de la honestidad y el cumplimiento de la ley. Las calles de todas nuestras ciudades están llenas de la vivencia masiva de esta lista de calamidades que pesa sobre los venezolanos y que tienen un culpable con el que no se puede transigir y negociar nada: el socialismo del siglo XXI.

Este socialismo es ideología, sus administradores y sus compromisos. Con este trío no puede haber ninguna negociación. La ideología hay que repudiarla por insensata y falaz. Los administradores de esta economía han arruinado el país y merecen un relevo inmediato. Y ese afán por favorecer primero a los de afuera, y después, si sobra, a los venezolanos, es un insulto a la soberanía, pero ahora, además es un crimen. Invocar la solidaridad de los pueblos y financiarla con las penurias de los venezolanos es repudiable e infamante.

Este modelo solo se puede conjugar con las largas colas, con la desazón de la conformidad y la nula explicación de por qué solo nosotros vivimos esta infeliz condición de estar racionados en nuestra vida, en nuestras opciones, en nuestra libertad. Este modelo está corrompido, no sirve, nunca sirvió ni para garantizar reservas internacionales apropiadas, pero tampoco para proveernos el abastecimiento del país, su soberanía alimentaria o el control de la inflación. El socialismo del siglo XXI es un fraude que decanta desde la política el colosal fiasco que vivimos todos en nuestra economía diaria, y que nos encadena a no poder decidir, sino a conformarnos con lo que hay, o intentar una búsqueda frenética de lo que escasea o simplemente ya no existe.

Esta economía es el resultado más conspicuo de la política que se ha envilecido hasta ser secreto, corrupción, represión y afrenta constante, como si todos debiéramos compartir esa gran locura que se niega a reconocer la realidad, y que nos amenaza con cualquier tipo de muerte si no damos por buena la exultante versión oficial, donde no pasa nada, donde todo es melcocha y felicidad.

El socialismo es siempre un déficit de capacidad de cálculo económico donde no es posible estimar costos, precios, salarios o productividad. No se resuelve con un mayor flujo de dólares alentando una marea de importaciones que extermina la producción nacional, asolada además por la falta de competencia. Su imposibilidad no tiene que ver con subastas o aflojamiento de los controles. Este modelo es radicalmente irresoluble y nunca obtendrá los resultados que anuncia. Es fatal que termine siendo lo que es: un inmenso caos donde no hay racionalidad alguna que permita hacerlo predecible, porque no hay burócrata, por más iluminado que sea, que pueda hacerlo mejor que la conjugación de los esfuerzos y el trabajo de una sociedad que viva libre, respete la ley y quiera ser el producto de su propio esfuerzo. 

Viviremos en crisis hasta que le perdamos el miedo a la libertad. 


viernes, 3 de mayo de 2013

En defensa de las ONG


FERNANDO M. FERNÁNDEZ |  ESPECIAL PARA EL UNIVERSAL
viernes 3 de mayo de 2013  
Las Organizaciones No Gubernamentales (ONG) venezolanas dedicadas a la defensa de los derechos humanos y toda persona jurídica privada corren peligro: pueden ser disueltas por causa de una acusación falsa o errónea, mientras que las bandas criminales y terroristas locales no pueden ser desmanteladas de forma legal, debido a las normas expresas y omisiones de la Ley Orgánica contra la Delincuencia Organizada y el Financiamiento del terrorismo (LOCDOFT).

Como producto de las gestiones del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) sobre Venezuela, se hizo la reforma de la Ley Orgánica Contra la Delincuencia Organizada en 2012, legislación que ya existía en Venezuela desde 2005. 

También la Organización de Naciones Unidas (ONU), por medio de los mecanismos previstos en los tratados contra la delincuencia organizada transnacional y en contra del terrorismo y su financiamiento, fue importante en esta reforma. 

Uno de los errores legislativos cometidos en Venezuela ha sido el de constituir la Ley Orgánica Contra la Delincuencia Organizada en un instrumento de persecución penal, en apariencia antimafia y antiterrorista, dedicado a las actividades indicadas por el Grupo de Acción Financiera Internacional y la ONU, pero, de forma insólita prevé normas que no sirven al objetivo central de defender la economía formal del Estado y de la sociedad civil. Lo adecuado debió ser responsabilizar a personas jurídicas solo cuando sean fachadas de mafias o grupos terroristas o que, en sí mismas, se dediquen a estas actividades ilícitas, de acuerdo con estándares internacionales. Así las cosas, el camino para sancionar penalmente a una o todas las ONG consiste en hallar o sembrarles cualquier delito que imputarle y, zás, liquidarla. 

Para entender este asunto basta un ejemplo: según me cuentan alumnos, en el estado Carabobo existe una banda llamada "Los Sanguinarios". Si el Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (Cicpc) quisiera desmantelarla y obtener el apoyo del Ministerio Público y este la aprobación de algún Juez Penal para lograr alguna medida o pena, no tendría asidero legal alguno. Pero, si eso ocurre con alguna persona jurídica privada (ONG, empresa, sindicato, partido, gremio o fundación) la Ley Orgánica Contra la Delincuencia Organizada tiene todas las penas posibles para hacerlo. 

Mi experiencia de 50 años ligado a ONG de todo tipo (asociaciones de vecinos, grupos de electores, derechos humanos, de participación ciudadana, gremios profesionales, etc.) me ha hecho concluir que quienes hacen vida en ellas son personas esencialmente altruistas, sin ideología política definida, más allá de querer que se respete la Declaración Universal de Derechos Humanos, abogan por el Estado de Derecho y de Justicia, por una sociedad justa y equilibrada. 

Por eso, atacar a las ONG de derechos humanos es tan grave como atacar a los periodistas por llevar el mensaje, a los abogados por defender a sus clientes, al sacerdote por dar misa o al médico por curar enfermedades.

En fin, opino que hay que apoyar y defender a las ONG de los ataques injustos que se les hagan.

*Profesor de Derechos Humanos, Criminología y Derecho Penal