lunes, 26 de diciembre de 2016

La anunciada tragedia del arco minero en Venezuela

Por Miguel Henrique Otero - Editorial El Nacional - 26/12/2016

El 5 de agosto se puso en movimiento una nueva maquinaria de muerte y destrucción del futuro de Venezuela. En un acto celebrado en la sede del Banco Central de Venezuela, Nicolás Maduro firmó unos “contratos, acuerdos y memorandos de entendimiento para el Plan de Inversiones del Arco Minero del Orinoco”. En el encuentro firmaron representantes de empresas venezolanas, empresas trasnacionales y, no podía faltar, uno con la Compañía Anónima Militar de Industrias Mineras, Petrolíferas y de Gas, perteneciente a la FANB. Huelga decirlo: Padrino López estuvo presente en el acto.
Antes de continuar, debo pedirle a los lectores de este artículo que pongan la mejor atención posible a los datos que voy a consignar en lo que sigue: el Arco Minero compromete 111.843 kilómetros cuadrados del estado Bolívar, es decir, más de 46% de toda su superficie. Esto equivale a casi 12% del territorio nacional. Quiere decir, ni más ni menos, que el 5 de agosto fueron entregados a empresas extranjeras, venezolanas y a una empresa militar autorizaciones para explotar las riquezas de casi 12% del territorio venezolano.
La más elemental obligación de quienes amamos a Venezuela, es preguntarnos a qué territorio nos referimos. Hablamos de una región, reconocida en el mundo como un espacio único en el planeta, donde se concentran cuencas hidrográficas fundamentales de agua dulce –casi 80% del agua que se genera en el país, de acuerdo con los expertos–, inmensas zonas boscosas y selváticas, una biodiversidad que se expresa en miles y miles de especies de flora y fauna, así como la más estratégica red hidrográfica del país. Pero hay más: en esa zona tienen asiento algunas menguadas poblaciones indígenas, muchas de ellas en estado demográfico, sanitario y social realmente crítico. En esa área se produce más de 65% de la electricidad que Venezuela consume cada día. Una parte considerable de esa zona está protegida por la Constitución y las leyes, bajo regímenes especiales: son Áreas Bajo Régimen Especial de Administración, figura creada en 1983 en la Ley Orgánica de Ordenación del Territorio.
Nada de esto ha sido considerado. Violando la Constitución y decenas de leyes, desconociendo la inviolabilidad de las Abraes, violando los derechos de los pueblos indígenas, violando los más elementales enunciados del sentido común, sin atisbo alguno de amor por la patria o mínima preocupación por el futuro del país, pasando por encima de los más básicos principios que deben regir la administración de las riquezas nacionales, actuando bajo los parámetros del capitalismo más descabellado, voraz e inescrupuloso, Maduro y su séquito han tomado la decisión de entregar casi 12% del territorio del país a lo que resultará, no solo un vasto programa de saqueo minero, sino algo mucho peor: la destrucción de toda una región medular para la sostenibilidad ambiental de Venezuela.
En ese territorio, además de los minerales más conocidos –como el hierro, el oro, el diamante y la bauxita–, también hay otros como el coltán, el tantalio y el niobio, cuyo valor en el mercado mundial es cada día más estratégico. Los expertos hablan de reservas minerales no menores a las 8.000 toneladas que el gobierno está rematando a cambio de unos dólares que necesita de forma urgente, para tapar el incalculable desfalco que ha cometido a lo largo de 17 años.
La denuncia de lo que significa el Arco Minero debe convertirse en una política, por encima de las diferencias partidistas e ideológicas. Hay expertos, como Fernando Jáuregui, que han advertido sobre el inminente uso de cianuro para estos fines; Alexander Luzardo ha expuesto con detalle el amplio rango de las violaciones que están implícitas en estos contratos y acuerdos; Santiago Arconada ha dicho: “Es una puñalada en contra de la vida en el planeta tierra”, con lo cual advierte que las nefastas consecuencias de esos acuerdos sobrepasarán el territorio venezolano; dirigentes indígenas han denunciado la inviabilidad de esos acuerdos, que se han adelantado sin consulta alguna.
A quienes prometan que Maduro y su gobierno de incompetentes controlarán las operaciones de esas empresas, les respondo: indaguen sobre cuál es la situación hoy de las explotaciones mineras en Venezuela. Ahora mismo, tal como lo ha señalado el diputado Francisco Sucre, la región minera del estado Bolívar es una región sin ley. Una región de delincuencia organizada y muerte. Pranes con ejércitos propios controlan las minas. Es una industria que no aporta beneficio alguno para el país. La acción del Estado resulta ocasional y desproporcionada, como la nueva masacre recién denunciada en Tumeremo. La minería en Venezuela no es solo una actividad extractiva sino una fábrica de muertes. La ingobernabilidad y mortandad de hoy será la misma que mañana.
Les hablo aquí a los venezolanos de bien, más allá de las diferencias ideológicas y políticas que puedan separarnos. Hay que impedir que la maquinaria de muerte y destrucción que es el arco minero continúe avanzando. Hay que detener de inmediato los nuevos pasos de este programa. El gobierno de Maduro y las autoridades a las que corresponde no tienen capacidad alguna para controlar lo que viene. No les interesa, además, tal como han demostrado en El Callao en los últimos años. Necesario es repetirlo: hay que poner al fin a proyecto del Arco Minero, incubado como una tragedia –otra más– para Venezuela. No hay alternativa: pararlo equivale de revocar a Nicolás Maduro. No hay otra salida.

jueves, 28 de julio de 2016

RUINA DE PDVSA

Por Pedro. E. Palma - El Nacional - 28/07/2016
Hace pocos días se dieron a conocer los estados financieros consolidados de Pdvsa al 31 de diciembre de 2015 con sus respectivas notas contables, y el Informe de Gestión Anual de dicha empresa correspondiente al año pasado. El análisis de esos documentos ratifica lo que se ha venido alertando desde hace varios años, en el sentido de que la gestión de esa organización la está llevando a la ruina.
La transferencia compulsiva de cuantiosos recursos a fondos destinados a financiar gasto público, como es el caso del Fonden, el Fondo Miranda y otros, así como la obligación que se le ha impuesto a esa institución de destinar una enorme cantidad de dinero al financiamiento de operaciones que nada tienen que ver con su actividad medular, la han condenado a padecer una severa estrechez financiera, y a abandonar o descuidar una serie de tareas fundamentales del negocio petrolero. Ello se ha traducido en una caída sostenida de su capacidad de producción y de sus volúmenes de exportación, situación que se ha agravado por el desplome de los precios petroleros de los dos últimos años.
Múltiples son los ejemplos que se pueden citar para soportar lo dicho. Uno es la desproporcionada carga que tiene que asumir Pdvsa para financiar los distintos programas sociales del gobierno, muchos de ellos conocidos como “misiones”. De hecho, los aportes que por ese concepto tuvo que hacer esa empresa en 2015 superaron los 19,2 millardos de dólares, una cifra 21,2% mayor que la de 2014, a pesar de la caída de 49,5% del precio promedio de exportación.
Adicionalmente, Pdvsa está obligada a pagar con despachos petroleros la cuantiosa deuda contraída por el gobierno con China, a pesar de que esa empresa no ha sido la que ha recibido ni ha utilizado los fondos obtenidos a través de esos préstamos. De hecho, de acuerdo a la información recién publicada, el año pasado Pdvsa despachó al país asiático 579 mil barriles diarios (MBD) de crudo y productos, de los cuales 375 MBD se destinaron al pago de capital e intereses de la deuda contraída, por lo que tan solo 204 MBD, es decir un 35% del volumen enviado, le produjeron ingresos a la empresa.
Otra pesada carga la generan los Acuerdos de Cooperación Energética suscritos con distintos países de la región, según los cuales los pagos de una buena parte de los hidrocarburos vendidos son financiados a largo plazo con intereses de 1% y 2%. Si bien las ventas dentro de los convenios de Petrocaribe, Alba y otros a países distintos a Cuba pasaron de 108,9 MBD en 2014 a 88,3 MBD en 2015 (una contracción de 18,9%), la situación con Cuba fue muy diferente. De hecho, los volúmenes de crudo y productos despachados a ese país dentro del marco del Convenio Integral de Cooperación Cuba-Venezuela, aumentaron 9,4% en 2015 con respecto al año precedente, llegando a 97,8 MBD, ventas que no las paga el país caribeño en efectivo, pues estas son objeto de compensación con los servicios médicos prestados a través de la misión Barrio Adentro II. El valor de esos despachos, en base al precio promedio de exportación de ese año de 44,65 dólares por barril, fue de 1.593,9 millones de dólares.
Si se toman como ciertos los estimados presentados en distintos documentos, según los cuales el gobierno cubano le cobra a Venezuela un monto en torno a los 14.000 dólares mensuales por cada uno de los 28.000 especialistas de salud que presta sus servicios en la Misión Barrio Adentro, cifra, por cierto, muy superior a la que se le paga a cualquier médico venezolano en los hospitales públicos, el valor de los crudos y productos enviados a ese país el año pasado solo compensaría un tercio del costo de la asistencia médica cubana, quedando aún por pagar más de 3.100 millones de dólares.
Con cargas financieras como las descritas se condena a la ruina a cualquier empresa, por lo que la trillada frase “ahora Pdvsa es del pueblo” no es más que una burda y chocante falacia.


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domingo, 17 de julio de 2016

El dolor por la partida

Por Alejandro J. Sucre - El Universal - 17/7/2016.
Yo quisiera enviar un mensaje a esas empresas transnacionales y un saludo de respeto, agradecimiento y dolor por su partida. Debemos recordar que antes de haberse retirado, mención especial a Kimberly Clark, esas empresas transnacionales decidieron lo contrario: venir a Venezuela a producir. Vinieron con el dinero para invertir en nuestro país. Un dinero obtenido en otras latitudes desarrollando productos innovadores elaborados en sus centros de investigación y desarrollo. Para invertir en Venezuela, las gerencias de esas empresas como Kimberly Clark, Good Year, Clorox, etc., contaron no con su dinero propio, que sería bastante, sino con el dinero de ahorristas de todo el planeta que invierten en acciones emitidas a través de las bolsas de valores internacionales. Una vez que Kimberly Clark o cualquier otra transnacional o empresa nacional decide invertir en Venezuela, la multitud de impactos positivos que conlleva son infinitas. Nuevas tecnologías, actualizadas prácticas gerenciales, formación humana para el trabajo, extracción y uso de recursos naturales, transporte marítimo y terrestre de materias primas y productos terminados, pago de impuestos, estímulo a otras empresas a que compitan con mejores productos en el mercado venezolano, ocupación maravillosa de la población venezolana en actividades productivas, estímulo a la preparación profesional para escalar posiciones en las empresas, estímulo a nuevos empresarios venezolanos para competir y/o para convertirse en suplidores, estímulo a las bolsas de valores del país para la inversión en nuevas empresas, etc. En pocas palabras, cada inversión en Venezuela es un aliento de vida. Y ese aliento es Kimberly Clark. Así debemos entender la ilusión y el efecto de Kimberly Clark cuando invirtió en nuestra Venezuela querida. Muchas gracias de verdad a esa maravillosa empresa y a sus accionistas de todo el planeta por haber invertido en nuestra Venezuela querida.También es importante para todos los venezolanos entender por qué se retiran Kimberly Clark así como otras transnacionales y nacionales del país. La principalísima causa es el control de cambio. El control de cambio en Venezuela es un sistema de distribución de divisas al estilo piñata. El estilo piñata significa que el más rudo y violento es el que agarra el palo para romperla (militares) y luego se queda con los caramelos (las divisas). Unos funcionarios públicos abren y cierran la piñata para repartir entre sus panas, y las empresas como Kimberly Clark que tienen centenares de empleados y equipos e instalaciones con gastos fijos que cubrir, no llegan a la repartición. Tampoco las leyes que imponen los funcionarios en el control de cambio les permite comprar y vender divisas para obtener materias primas en otro mercado privado. O sea, que empresas como Kimberly Clark que trajeron dinero recogido de ahorristas en todo el planeta o empresarios venezolanos que tienen sus ahorros, no saben cuándo obtendrán divisas para comprar materias primas y poder producir, vender y pagar sus compromisos. También, las empresas como Kimberly Clark se marchan porque la infraestructura no se desarrolla en Venezuela por causa de la corrupción. La población crece y no hay infraestructura. Como si se duplica o triplica la población que vive en una misma casa y para colmo los responsables ni siquiera reparan los baños cuando se dañan La respuesta del gobierno ha sido la misma que cometieron los comunistas del siglo XX, repitiendo sus errores. Acusan a los accionistas del mundo de Kimberly Clark de venir a explotar al venezolano. Ahora que ya nos explotaron, que se vayan y tomamos sus empresa 
¿Canibalismo o redención? Muchos de los que celebran las tomas de empresas y fincas por parte del gobierno del presidente Maduro, en especial los articulistas de Aporrea, en sus vidas han sembrado 1 m2 de tierra. Veremos que muchos de los que celebran más tomas de empresas debieron más bien haber propuesto la creación de nuevas empresas para competir y crear en lugar de canibalizar a las empresarios que ya invirtieron. Por qué el gobierno no creo en 17 años otra Kimberly Clark y se la entregó a los obreros.
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lunes, 6 de junio de 2016

Al Ministro de Finanzas - Venezuela -

Por Guillermo García N. 
  • Por mucho tiempo he sido un defensor y promotor del mercado de valores nacional y he trabajado en el área por muchos años, tratando de desarrollar el mercado. En los ya varios artículos que he escrito sobre el tema del mercado local y qué hacer para recuperarlo e impulsarlo, he ofrecido varias opciones para implementar y desarrollar, que permitan que el mercado de valores sobreviva y sea factor de importancia fundamental para la economía y los inversores.

  • Una característica presente en las economías de países desarrollados o en vías de alcanzarlo, es poseer un mercado de valores amplio y desarrollado. En estos países, el ahorro interno de los ciudadanos es en buena parte canalizado hacia el mercado de valores y de capitales, para que éste sirva eficientemente en la asignación de esos recursos. De esta manera el sector privado financia sus inversiones y crecimiento de mediano y largo plazo, así como también el sector público accede recursos para cubrir necesidades de financiamiento del gobierno central, municipal y estatal. Una de las fórmulas más eficientes para una democratización del capital, lo constituye el mercado de valores. Mediante la compra o cesión de acciones, los individuos tienen la oportunidad de participar en la propiedad a través de la tenencia accionaria.
  • Difícilmente hoy, puede un país mantener tasas de inversión creciente, como de desarrollo económico sostenido, sino cuenta con un mercado de valores robusto, de amplia y sólida participación. En estos países, tanto el Estado como el sector privado trabajan conjuntamente en la elaboración y promoción de leyes, normas; así como de formas de perfeccionamiento del mercado de valores que permiten su desarrollo, transparencia y seguridad.
  • En nuestro país, el  mercado de valores tiende a desaparecer si no se toman medidas urgentes, las cuales he planteado en otros artículos. Estamos extremadamente lejos de alcanzar las dimensiones y desarrollo de otros mercados latinoamericanos como los son Brasil,  Chile, Colombia, Argentina o Perú. Es mucho lo que debemos hacer para crear las condiciones necesarias para su crecimiento y desarrollo. En este sentido dentro del proceso de democratización del capital que el gobierno  puede llevar adelante y que sugiero, está la participación del venezolano común en ese proceso a través de la venta o cesión de porcentajes accionarios de empresas que están en manos del Estado, colocando porcentajes de estas acciones o unidades de inversión en la Bolsa de Valores de Caracas y la Bolsa Pública Bicentenaria. Por ejemplo, en el caso de las empresas del acero y del aluminio (Sidor, Venalum, Alcasa, Bauxiven, empresas mixtas petroleras, cementeras, telecomunicaciones, bancarias), el esquema de participación accionaria para los trabajadores y accionistas en general, es una opción que debe ser seriamente evaluada. Es totalmente factible colocar un 30 o 40% de esas acciones en el mercado de valores nacional, con particular énfasis para la inversión de pequeños y medianos inversionistas y trabajadores cajas de ahorro, fondos mutuales.
  • Otra forma apropiada y de amplitud de participación al capital, lo podrían constituir la creación de los fondos de pensiones privados. Mediante la creación de dichos fondos, éstos podrían invertir una parte de sus patrimonios en los procesos de participación accionaria puestas en el mercado de empresas de Guayana, Pdvsa (empresas mixtas donde Pdvsa tiene el 60%), del gas y petroquímica  y empresas industriales y de servicios en poder de Fogade (centrales eléctricas, hoteles e inmuebles). Si se quiere salvar al mercado de valores hay que tomar medidas urgentes. Los operadores del mercado, con el apoyo de  las bolsas  y la SNV, deben unir esfuerzos para adelantar estrategias conjuntas que permitan lograr los siguientes objetivos y acciones: La captación de nuevas empresas a la pizarra de cotización de la bolsa; la inclusión de pequeñas y medianas empresas con requerimientos de entrada y de costos más flexibles; la creación de nuevos instrumentos de inversión, tanto de renta variable (acciones) como de renta fija (bonos) que permitan atraer inversionistas; así como fomentar la creación de nuevas alternativas de inversión como fondos inmobiliarios, titularizaciones, fondos de índices, fondos mutuales, fondos de pensiones y la negociación de títulos de deuda  pública a los, operadores autorizados de valores , incluidos la negociación de los strips (cupones de interés).  En cuanto a los títulos públicos, he promovido desde hace ya tiempo la implementación y establecimiento de negociación de títulos valores públicos denominados en dólares (Venedólar) en la bolsa, para darle transparencia, aumentar la oferta de dólares al mercado y buscar alternativas de obtención de divisas para las importaciones fuera de Dipro a través del Venedólar. 
  • Está en sus manos ministro impulsar el mercado y situarlo donde siempre debió estar, y a la par de Latinoamérica.
  • Asesor Financiero
  • Candidato AMDP Harvard University

lunes, 18 de abril de 2016

Bahía de Cochinos: la invasión que pudo evitar cinco décadas de dictadura en Cuba

El 17 de abril de 1961 pudo haber cambiado la historia de Cuba. Ese día se produjo el desembarco en la bahía de Cochinos, en la costa sur de la isla, de la Brigada de Asalto 2506, integrada por 1.500 cubanos entrenados y financiados por Estados Unidos, que pretendía poner fin al régimen comunista que había implantado Fidel Castro poco más de dos años antes.
Pero la falta de convicción del demócrata John F. Kennedy en una operación que había sido impulsada por su antecesor republicano, Dwight D. Eisenhower, le privó del respaldo necesario y frustró sus posibilidades de éxito.
De haber triunfado, «nos habríamos ahorrado 55 años de dictadura oprobiosa, tiranía, muerte, sangre y destrucción», asegura Luis González Lalondry, hoy de 82 años y que con 27 fue jefe de Comunicaciones de uno de los batallones que combatió aquel día.
Lalondry y otros veteranos de lo que él llama un «desembarco patriótico» recuerdan para ABC desde su largo exilio en Miami lo que vivieron aquel episodio en el que trataron de frenar la dictadura comunista en la isla.

El respaldo de Estados Unidos

Desde principios de 1960, las autoridades norteamericanas habían dado luz verde al adiestramiento de hombres con vistas a futuras operaciones contra el régimen de Fidel Castro. El origen de la Brigada 2506 que finalmente se encargaría del intento de invasión fue un grupo de jóvenes estudiantes y ex militares rebeldes de Cuba que se empezaron a concentrar de la mano de la CIA en una isla frente a la costa occidental de Florida, en el golfo de México, desde donde se les envió a formarse en países centroamericanos como Panamá y Guatemala, donde se fueron incorporando otros nuevos reclutas.
Uno de aquellos primeros jóvenes era Jorge Gutiérrez Izaguirre, alias «El Sheriff», un alumno de Derecho en la Universidad de La Habana que se instruyó como radiotelegrafista y que fue designado como segundo jefe de un grupo de infiltración que debía tomar contacto con los guerrilleros anticastristas que estaban operando en la isla.
A sus 80 años, Izaguirre recuerda como si fuera hoy que a las siete de la mañana del 19 de marzo de 1961, unas semanas antes del desembarco en Bahía de Cochinos y habiendo contactado ya con la resistencia anticastrista, el pequeño grupo con el que se encontraba amaneció rodeado por unos 1.500 soldados del régimen en la provincia de Matanzas.
Tras formarse una «balacera», trató de cruzar una explanada y una bala de un fusil belga Fal le atravesó desde la paleta hasta el esternón, perforándole el pulmón derecho, mientras otros compañeros caían fulminados a su lado, rememora mostrando el agujero que el balazo le ha dejado de por vida en el pecho. Cuando intentaba reincorporarse con una granada en la mano, un oficial se dispuso a terminar con su vida. «Hijo de puta, te voy a rematar», le anunció. Sin embargo, cuando apretó el gatillo el arma se le había encasquillado y pudo sobrevivir, explica este antiguo combatiente en las instalaciones de la llamada Casa de la Brigada 2506 en Miami.
Izaguirre estuvo después a punto de ser fusilado, pero volvió a esquivar la muerte al suspender Fidel Castro la ejecución de prisioneros. En cambio, acabó cumpliendo 18 años de prisión con trabajos forzados.

La aviación castrista, intacta

Una de las claves del fracaso de la operación de Bahía de Cochinos fue que no se pudo acabar con la aviación castrista. Esteban Bovo Carás pilotaba una de las ocho naves que volaron desde Nicaragua el 15 de abril para bombardear la fuerza aérea del régimen.
Por una parte, se habían retirado las torretas de ametralladoras traseras para reducir el peso de las naves y aumentar la autonomía de vuelo, lo que les impidió defenderse como habrían podido hacerlo con todas sus armas cuando un enemigo se situaba a su cola. «El primer día, perdimos la mitad del escuadrón», se lamenta Bovo.
Por otro lado, tras las primeras protestas de Cuba ante Naciones Unidas, Kennedy ordenó suspender los vuelos de los días siguientes, con lo que buena parte de los aviones castristas quedaron intactos para hacer frente al desembarco. «Eso fue suficiente para acabar con nosotros», recuerda el antiguo piloto de un B-26.
El día del desembarco, el 17 de abril, Luis González Lalondry se encontraba a bordo del «Houston» con el Batallón 5, listo para desembarcar con explosivos y las armas para distribuir entre los cubanos que se sumaran a la invasión. Pero a las 9.15 de la mañana, el buque recibió el impacto de un cohete lanzado por un T-33 y el capitán del barco lo lanzó contra la costa para encallarlo y evitar que se hundiera del todo, aunque no pudo impedir que parte de los hombres murieran ahogados o alcanzados por la artillería en la cubierta. Los que llegaron a la orilla, trataron de alcanzar Playa Larga, que fue donde «se combatió más duro», señala. A su juicio, la de la Brigada 2506 fue«una misión heroica».
Otro de los barcos, el Río Escondido fue alcanzado de lleno por los bombardeos enemigos, provocando una explosión «gigantesca», rememoraAurelio Pérez Lugones, que ejerció como segundo en el Servicio de Inteligencia.
«La idea era que, una vez asegurada la cabeza de playa, aterrizaran los aviones y se surtieran con lo que llevábamos en los barcos y comenzaran a operar desde este aeropuerto», explica señalando sobre un mapa unas pistas próximas a la bahía.
Para Pedro Corzo, presidente del Instituto para la Memoria Histórica Cubana contra el Totalitarismo, «la política primó sobre las consideraciones militares de los encargados de planificar la operación». «Indudablemente el presidente no estaba convencido del todo de la necesidad de ese tipo de acción militar.», señala Corzo, ya que «Kennedy había heredado el plan de su predecesor y lo enmendó, convirtiendo lo que en principio iba a ser una guerra irregular en una de tipo convencional, sin facilitar los recursos que tal tipo de contienda demanda».

domingo, 17 de abril de 2016

Venezuela: Guerra política, jurídica e institucional

Por José Vicente Rodríguez Aznar - El Universal - 17/04/2016 

La semana pasada escribí algunos comentarios sobre la inconstitucionalidad declarada por la Sala Constitucional a la Ley del Banco Central de Venezuela aprobada por la Asamblea en marzo del presente año. Se me ha pedido que los amplíe, lo que hago a continuación.
En las elecciones parlamentarias del pasado 6-D triunfó la oposición con una mayoría del 67% de los diputados de la Asamblea Nacional, despojando al oficialismo del predominio mantenido en los últimos años. El Ejecutivo Nacional todavía no ha asimilado esta realidad e intenta apoderarse de funciones de la nueva Asamblea, con el apoyo de los demás poderes, en especial, del Tribunal Supremo de Justicia. Sirve de ejemplo lo ocurrido con las recientes leyes del BCV.
El Presidente Maduro en fecha 30-12-2015, al conocer la nueva composición de la Asamblea, hizo un último uso de la Ley Habilitante faltando apenas 24 horas para que ella feneciera y tan solo cinco días para que se instalara el nuevo Parlamento, modificando la Ley del BCV que él mismo había dictado el 19-11-2014. Esta modificación despojó a la nueva Asamblea de funciones que antes tenía, traspasándoselas al Ejecutivo. Veamos:
a) Eliminó la atribución de la Asamblea de ratificar, con el voto de la mayoría de sus miembros, la designación del Presidente del BCV efectuada por el Presidente de la República. Lo mismo ocurre en caso de su falta absoluta.
b) Eliminó la facultad de la Asamblea de designar dos Directores del BCV, mediante el voto de la mayoría de sus miembros.
c) Eliminó la obligación del presidente del BCV de comparecer ante la Asamblea para rendir cuentas de su gestión.
d) Introdujo la facultad del BCV para financiar déficits fiscales, la cual está expresamente prohibida por la Constitución
e) Introdujo la autorización al Directorio del BCV para suspender transitoriamente la publicación de información estadística, cuando así lo requiera el Presidente de la República.
La Sala Constitucional analizó la Ley aprobada por la Asamblea, la comparó con la Ley dictada por Maduro en 2015 y la declaró inconstitucional. Entre sus motivaciones destacan que la Asamblea incurrió en desviación de poder en contra la autonomía de los poderes públicos; que la nueva mayoría parlamentaria tuvo el propósito de ejercer el control político sobre el BCV y que la designación de todos los miembros de su Directorio le corresponde solo al Presidente de la República.
Ahora bien, es de observar que la Ley aprobada por la Asamblea es prácticamente la misma que la dictada por Maduro en noviembre de 2014. a la cual la Sala Constitucional no le hizo objeción alguna. El propósito de la Asamblea era retomar las funciones que ya tenía en la Ley de 2014. Si la Sala Constitucional fuera consecuente con sus criterios, los mismos motivos que ha expresado para objetar la Ley aprobada por la Asamblea en marzo 2016, debió tenerlos también para declarar inconstitucional la Ley del 2014 aprobada por Maduro, lo cual no hizo.
Por lo tanto, habría que preguntarse si la Sala Constitucional aplica distintas interpretaciones de la Constitución sobre un mismo texto legal, según quien sea el legislador que lo apruebe y el grupo político que domine la Asamblea. Habría que preguntase también cómo queda la seguridad jurídica tan necesaria para nuevas inversiones que reactiven la producción.
Lamentablemente existe en el país una guerra política, jurídica e institucional entre la Asamblea y los demás Poderes Públicos que daña a las instituciones e indigna a la mayoría de la población que rechaza la intolerancia, exige respeto entre las instituciones y desea la convivencia pacífica para el bienestar del país

viernes, 25 de marzo de 2016

Índice Competitividad Urbana - Miami primero, Caracas última (52)

César Tinoco - El Nacional Web - 25/03/2016
Hace pocos días la revista América Economía publicó su Ranking de mejores ciudades para hacer negocios 2016. El ranking se realiza según una herramienta denominada ICUR (Índice de Competitividad Urbana) elaborada por dicha publicación y de su propiedad, que permite ordenar a las ciudades estudiadas de mayor a menor capacidad y/o potencial de negocios.
Se analizaron 52 ciudades, quedando de primera Miami y de última Caracas. Las diferencias más grandes que tuvo Caracas con respecto a Miami se ubicaron en las dimensiones de servicios a ejecutivos (costo y calidad de vida que soportan el sistema de negocios), infraestructura y conectividad física (movilidad terrestre, marítima y aérea dentro y desde y hacia el exterior), poder de marca (conjunto total de activos tangibles e intangibles vinculados en forma directa o indirecta al nombre de la ciudad) y dinamismo económico (creación de riqueza, captación de inversiones, estabilidad económica y caracterización de los mercados de bienes, laboral y financiero).
Tal y como puede inferirse, la pésima gobernanza del país y en particular de la ciudad de Caracas, reflejada en sus consecuencias como la inflación, la recesión, la escasez alimentos, medicinas y dólares, la imposibilidad de convertir la moneda local en divisas y la inseguridad, distancian a Caracas de una referencia comparativa como Miami.
Igualmente, y a principios de enero de 2016, El Nacional nos dio a conocer que esa, la peor ciudad latinoamericana para hacer negocios, es también la primera más violenta en el mundo. El informe de la organización no gubernamental Consejo Ciudadano para la Seguridad Pública y la Justicia Penal, ubica a Caracas como la ciudad más violenta del mundo: 120 homicidios por cada 100.000 habitantes lo certifican.
Ahora bien, ¿Quiénes han sido los gobernantes de Caracas desde hace mucho tiempo? Pues nada y más y nada menos los mismos que hasta diciembre de 2015 fueron mayoría en la Asamblea Nacional: los militantes del PSUV.
En efecto, desde el año 2009 y hasta octubre de 2014, la jefe de gobierno del Distrito Capital, cargo designado por el presidente de la república, fue Jacqueline Faría, famosa por su promesa relacionada con la limpieza del rio Guaire y con su propuesta –más reciente- de hacer colas “sabrosas”. Luego siguió Ernesto Villegas por 7 meses, hasta mayo de 2015. Seguidamente ocupó el cargo Luis Dugarte por 7 meses más, hasta enero de 2016. Finalmente, y desde éste enero de 2016, el cargo de jefe de gobierno del Distrito Capital lo ocupa un tal Daniel Aponte.

La resonancia “macnética” (sic, médicos cubanos dixit) cerebral de un bebe con 28 semanas de gestación, revela un cerebro de menor volumen, con pocos repliegues y engrosamiento de su cortex cerebral, con un electroencefalograma con trazos muy aplanados que muestran "brotes" espasmódicos de actividad, sin frecuencia definida.
Daniel Aponte inició su gestión afirmando en primer lugar, que Lorenzo Mendoza es el responsable del caos económico que vive el país. En segundo lugar, la solución a tal caos –incluida la alta tasa de homicidio intencional- es la siembra de pepinos, es decir, la agricultura urbana, actividad en la que particularmente Hugo Chávez destacó, con sus cultivos hidropónicos y sus gallineros verticales.
Si el destino nos sigue favoreciendo y se mantiene el patrón verificado con los dos fugaces previos nombrados para el cargo (Villegas y Dugarte), Daniel Aponte será otro sietemesino.

miércoles, 23 de marzo de 2016

¿Cuál Poder Judicial?

Por Gustavo Briceño - ElNacionalWeb - Caracas - 23/03/2016

Nunca en la historia del Poder Judicial de Venezuela había sucedido lo que está ocurriendo: la sumisión abierta de los tribunales a los dictados indicados por el poder ejecutivo. Desde que somos estudiantes de la ciencia del Derecho, nos hablaron, distinguidos profesores, de la separación de los poderes públicos como una manifestación esencial de la democracia, y de la autonomía de los jueces en el desempeño de sus funciones, y como un elemento esencial, lo cual garantiza sustantivamente la independencia de los jueces y magistrados, así como el control sobre los poderes del estado. Sin separación de poderes no hay democracia, y sin democracia no hay  libertad. Constatamos pues, una autocracia actualizada cuyo único y esperado fin es el control del ciudadano en todas sus fases y consecuencias. La pregunta que nos invita las anteriores frases es la siguiente: ¿Qué consecuencias tiene que los jueces se sometan a los dictados de un poder público o privado exterior a sus funciones? ¿Qué ocurre cuando un juez o magistrado dicta una sentencia deliberadamente influenciada por un poder extraño a sus atribuciones? ¿Hay sanción para el juez o magistrado que materializa determinada y semejante conducta de sumisión? En todo caso, cuando el poder judicial actúa de tal forma, viola los derechos de los ciudadanos y produce como consecuencia una sanción al juez que realiza semejante cometido.
El artículo 25 de la Constitución dice: “Todo acto dictado en ejercicio del poder público que viole o menoscabe los derechos garantizados por esta constitución y la ley es nulo, y los funcionarios públicos y funcionarias públicas que lo ordenen o ejecuten incurren en responsabilidad penal, civil y administrativa, según los casos, sin que les sirvan de excusa órdenes superiores”. La sentencia dictada por la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia que violó las atribuciones de la Asamblea Nacional, fue dictada por funcionarios públicos, lo hicieron en el ejercicio del poder derivado y por la ley y si recibieron órdenes del poder ejecutivo, la consecuencia es que estos jueces o magistrados del TSJ incurrieron en las responsabilidades indicadas en el propio texto constitucional. No existe duda de que las sentencias dictadas por dicha Sala y que han limitado severamente las atribuciones del poder legislativo por parte de los magistrados y contra los derechos de los ciudadanos que sufragaron en favor de la Asamblea Nacional deberán ser sancionados previo juicio, penalmente y administrativamente mas entendiendo que los derechos humanos conculcados son imprescriptibles, lo que implica una indeterminación en el tiempo para juzgarlos y sancionarlos.
La democracia es desde luego un sistema de contrapesos y poderes que deben ser ejercitados en consideración a lo que indique la ley. Pero, así como la democracia permite un sistema basado en la libertad individual, del mismo modo, constituye una actuación que debe estar apegada a la ley, en sus posibilidades, lo que supone que la democracia impone obligaciones intransferibles que les corresponde a los poderes públicos en su ejecución. En el caso de las responsabilidades de los jueces, las tienen y mucho. La jurisdicción administrativa es muy sometida a la ley, entre otras cosas, por cuanto el poder es íntimamente regulado y sometido a controles que el ejecutivo debe dar o conceder prioridad. ¿Que esperamos la sociedad civil para acusar y alertar el abuso de poder comprobado por la Sala Constitucional actual que ha violado la constitución y los derechos de los ciudadanos a tener un poder judicial autónomo y distinguido? El tiempo apremia y la sanción debe imponerse. Así lo creo.


domingo, 21 de febrero de 2016

Venezuela - Seis claves para entender la inseguridad en el 2016

Por Alberto Ray - El Nacional - 21/02/2016
La incertidumbre parece ser el signo de nuestros tiempos, por lo que atreverse a construir pronósticos sobre lo que nos espera durante el 2016 en términos de inseguridad resulta aventurado, pues siempre nos podemos quedar cortos frente a la desproporcionada realidad en la que vivimos.
De por sí, la incertidumbre es sinónimo de inseguridad. Que no tengamos referencias ciertas sobre aspectos básicos de nuestras vidas, como lo es conseguir alimentos o tener acceso a la salud, eleva el nivel de riesgo en el que vivimos. En un ejercicio de anticipación, voy a destacar seis aspectos que van a dibujar el mapa de los riesgos en Venezuela y que, sin duda, tendrán un efecto importante en nuestra calidad de vida en los próximos meses.
No se trata de aumentar la paranoia con la que a diario vivimos. Suficientemente amenazados estamos para agregar más presión a nuestra ya mermada supervivencia, pero vivir más seguros requiere que nos informemos y estemos conectados con el entorno, de poco sirve aislarnos como el avestruz, si nosotros y nuestras familias nos toca confrontar como rutina la violencia en la que estamos sumergidos. 
Les muestro aquí las claves para entender la inseguridad en el 2016:
El peligro de la calle: la vía pública se ha convertido en el escenario principal de los delitos en el país. Ocho de las cincuenta ciudades más peligrosas del mundo están en nuestro territorio, incluyendo a Caracas en el primer lugar. Desde robos a peatones y conductores, hasta secuestros y homicidios, todos tienen como denominador común el espacio urbano. Transitar desprevenidos e inconscientes del entorno y sin medidas mínimas de protección lo convierten en la víctima perfecta. Gente caminando por la calle hablando por un celular que cuesta veinte o treinta salarios mínimos es un ejemplo que veo a diario. Por otro lado, las salidas nocturnas no pueden ser un tour por la ciudad. Planifique sus recorridos, no pierda tiempo innecesario buscando direcciones o tanteando un restaurante donde cenar, tenga clara su ruta y ubicado su destino.  La nocturnidad es por excelencia el espacio y el momento preferido por la delincuencia. De noche nuestras posibilidades de acción son menores y tenemos menos recursos disponibles. Dos variables necesarias para ser víctimas del delito es estar en el momento inoportuno y en el lugar incorrecto. ¿Por qué poner gasolina de noche cuando lo podemos hacer a plena luz del día?  Otro aspecto clave en la calle es no derrochar lujo. Vivimos entre tantas amenazas que hasta las más mínimas señales de estatus te pueden transformar en una víctima. Aprendamos a ser humildes al hablar y al actuar. Moderemos las palabras y la información que compartimos.

Extorsiones por todos lados: un delito que está aumentando a pasos agigantados es el de las extorsiones telefónicas. Son comunes las llamadas a celulares advirtiendo que planean hacerle daño a usted o a algún miembro de su familia, y si no paga una suma de dinero cumplirán su amenaza. Estas llamadas no deben tomarse a la ligera, debe actuarse con firmeza para que no se repitan. Algunas medidas de prevención y protección pueden ser no atender llamadas de números desconocidos, no responder a preguntas que le hagan en encuestas en las cuales puedan obtener información personal, tratar con celo los datos personales y entrenar a nuestra familia para que haga lo mismo. Si usted recibe llamadas o mensajes de texto amenazadores no responda. Si las amenazas son insistentes desconecte temporalmente su línea celular y contrate una nueva. Anote los números desde los cuales está recibiendo las extorsiones y denuncie ante las autoridades que están habilitadas y capacitadas para actuar en estos casos (Principalmente el CICPC División contra Extorsión y Secuestro y la GNB Comando Nacional Antiextorsión y Secuestro). El que paga una vez por una extorsión, seguirá pagando, pues esta clase de delincuencia manipula hábilmente el miedo de sus víctimas, llegando en ocasiones a someterlas psicológicamente. Adicionalmente, este tipo de delito representa un riesgo mínimo para el que extorsiona pues siempre se oculta tras un teléfono convirtiéndose en una amenaza anónima. Si usted está siendo extorsionado no lo mantenga en secreto, busque ayuda.

Todo vale más: en tiempos de escasez e inflación los objetos se revalorizan. Aquello que hasta hace un tiempo era considerado poco menos que basura, ahora recobra su precio y se convierte en un bien deseado, ya sea porque sirve para repuesto o porque simplemente no existen productos nuevos en el mercado. Es así, como desaparecen carros viejos y nuevos, se roban motos para sustraerles los cauchos o las baterías y hasta computadores con diez o más años de uso resultan apetecibles para los más necesitados. No subestime el valor de nada de lo que posee. Asegure lo que tiene guardado en depósitos, closets o maleteros. Tenga un inventario escrito y detallado de sus bienes, no lo deje todo a la memoria. Tenga cuidado especial con piezas como herramientas, electrodomésticos y repuestos consumibles pues todos tienen un alto valor en mercados de segunda mano. De nada vale guardar si usted ni sabe lo que tiene.
Hurto y robo a viviendas: las residencias son también el hogar de nuestros más preciados bienes. Allí acumulamos lo que más valoramos. Hoy en cualquier vivienda se encuentran televisores, laptops, tabletas, celulares, joyas, vehículos, dinero en efectivo, electrodomésticos y en algunos casos hasta armas y municiones. Todo esto representa un botín de altísimo valor para los amigos de lo ajeno. Muy posiblemente, en una vivienda de clase media se consigan hoy más valores que en una agencia bancaria, y con muchísimo menos riesgo para el delincuente. Por tanto, la recomendación es que proteja su vivienda, su familia y sus bienes. Recuerde que lo que tiene usted en su casa es insustituible. En los últimos meses viene ocurriendo un modus operandi en el cual, la víctima de secuestro, al no poder satisfacer las demandas económicas de sus captores, se ve obligada a llevarlos a su residencia, lo que deviene en un riesgo de gran magnitud, pues se pone en peligro el domicilio y al grupo familiar. En estos casos, debe procurarse toda negociación excluyendo la vivienda. Existen maneras de disuadir al delincuente que el hecho de acudir a la residencia implica, de igual forma, un riesgo para él, por tanto, aquello que puede resolverse de manera relativamente sencilla, puede escalar a situaciones en extremo complicadas.
Fraude electrónico: la devaluación de la moneda, aunada a la baja denominación de los billetes, ha hecho poco atractivo y complicado el robo de dinero. La delincuencia se vale ahora de métodos más sofisticados para extraer efectivo de las cuentas bancarias. Engaños a través de correos electrónicos para que la gente suministre su información, el “cambiazo” de las tarjetas de débito en los cajeros electrónicos, fraudes y clonaciones de tarjetas de crédito, suplantación de identidades, transferencias bancarias hechas sin la autorización del dueño de la cuenta, trampas en la venta de objetos a través del comercio electrónico, son apenas algunas de las prácticas más frecuentes de estos delincuentes especializados. Esta nueva tipología del crimen es uno de los retos más grandes que tiene hoy el sistema bancario. Nos corresponde a los usuarios de la banca y el comercio electrónico hacer nuestra parte. Cuida con celo tu información. No suministres tus claves de acceso a terceros, resguarda tus tarjetas de crédito y débito, y lleva control cercano y preciso de las operaciones a través del comercio electrónico. Recuerda que las ventajas de la web son con frecuencia vulnerabilidades que el criminal explota para sacar provecho y ponernos en riesgo. La comodidad es con frecuencia, enemiga de la seguridad.
Infidelidad corporativa y hurto hormiga: la crisis se refleja también en la pérdida de valores entre los empleados de las organizaciones. No me refiero aquí exclusivamente al trabajador de nivel básico con poder adquisitivo muy mermado por la inflación. La deslealtad se hace igualmente presente en supervisores y gerentes, quienes, ante oportunidades de recibir un dinero extra, violan normas en perjuicio de las organizaciones para las que trabajan. Es de mi conocimiento que en los últimos meses ha aumentado de forma importante el número de hurtos en las oficinas. Todo se “pierde”, desde el papel higiénico hasta laptops y celulares. Se trata de la sustracción lenta, progresiva y constante de consumibles, productos, repuestos y mercancías que, al cabo de unas semanas termina afectando la continuidad operativa de empresas y organizaciones. Hace poco supe de un caso en un edificio de apartamentos que un vecino en componenda con un técnico de ascensores, sustrajeron unas tarjetas de control de los elevadores para comerciarlas en el mercado negro, dejando sin servicio a más de cuarenta apartamentos. En este sentido, debe hacerse énfasis en fortalecer la cultura organizacional, desarrollar sentido de pertenencia e identidad y remachar los valores que guían el trabajo y las buenas costumbres. Lo importante aquí es que una minoría sin escrúpulos no actúe impunemente frente a la mirada indiferente de sus compañeros de trabajo.
Quisiera para concluir, destacar que otros delitos ya arraigados en nuestro país seguirán en plena expansión, puesto que las causas que los originan siguen presentes y la acción capaz y decidida del Estado no se manifiesta con suficiente efectividad para cambiar las tendencias. Me refiero a homicidios, secuestros y robo de vehículos por mencionar los más comunes.
Recuerden que prevenir siempre es más barato, efectivo y de efectos más duraderos que reaccionar.
@seguritips

domingo, 7 de febrero de 2016

En rescate del Banco Central de Venezuela

Por José Vicente Rodríguez Aznar - El Universal - 07/2/2016

En la Gaceta Oficial de los días 28, 29 y 30 de diciembre fueron publicadas 40 leyes, de las cuales 17 corresponden a las sancionadas por el presidente Maduro en uso de la Ley Habilitante que fenecía el día 31 de ese mes. Es obvio que ellas fueron aprobadas y publicadas de prisa por el presidente de la República antes que cinco días después se instalara la nueva Asamblea Nacional con amplia mayoría de la oposición.

Entre esas modificaciones están las de la Ley del Banco Central de Venezuela. Como economista conocedor de las que fueron virtudes del Banco Central de Venezuela, no puedo dejar de referirme al caso del instituto como lo he hecho en anteriores artículos en El Universal

El Banco Central de Venezuela desde su creación y por varias décadas, fue reconocido por su objetividad, profesionalidad, imparcialidad y veracidad de sus informaciones. Sin embargo, buena parte de estos atributos han disminuido notablemente en los últimos años debido a la sumisión de su directorio a los dictados de los presidentes Chávez y Maduro.

Varias veces hemos criticado la conducta del directorio por haber convertido al instituto en agente generador de la alta inflación que sufrimos todos los venezolanos, contrariando una de sus funciones básicas como es la de proteger la estabilidad de precios. Igualmente hemos criticado en 2015 el ocultamiento a la opinión pública de las tasas mensuales de inflación, el comportamiento del PIB y los índices de escasez y de desabastecimiento que venía publicando en el pasado. 

En esta oportunidad, solo comentaremos algunas de las modificaciones a la ley del Banco Central de Venezuela efectuadas por el presidente Maduro, las cuales cercenan aún más la ya deteriorada autonomía del instituto emisor al concentrar en el presidente de la República funciones que antes le correspondían a la Asamblea.

En primer lugar, el presidente de la República nombrará al presidente del BCV sin la ratificación previa de la Asamblea, como era antes. 

También designará a todos los miembros del directorio, eliminando la facultad que tenía la Asamblea Nacional de nombrar a dos de ellos. 

De esta forma, estos funcionarios pasan a ser subordinados directos del presidente de la República, condicionando así su independencia de criterio y opinión. 

En segundo término, el Banco Central de Venezuela mantiene como funciones básicas, como debe ser, la estabilidad de precios y preservar el valor de la moneda. Estas son responsabilidades totalmente incumplidas por el actual directorio, sin embargo, a pesar de ello, el Presidente Maduro los ha ratificado en sus puestos. Además en cuanto a la administración de las reservas internacionales, permite que otras instituciones públicas reciban y administren directamente divisas del exterior, lo cual es contraproducente. 

En tercer lugar, la nueva ley establece que cuando el Ejecutivo Nacional determine que existan amenazas a la seguridad nacional o a la estabilidad económica del país, el directorio del Banco Central de Venezuela calificará las informaciones de secretas o confidenciales, dejando de publicarlas. Quizás por ello, anticipándose a esta reforma legal, el Banco Central de Venezuela no publicó en 2015 los datos antes mencionados, pero no porque existiera amenaza a la seguridad o estabilidad económica.

Varios diputados ya han expresado la decisión de modificar la Ley del Banco Central de Venezuela con el propósito de recuperar la autonomía que debe tener el instituto para el cumplimiento cabal de sus obligaciones y responsabilidades constitucionales y también el respeto a las tareas de sus funcionarios.

josevicenterodriguez.aznar@gmail.com

miércoles, 27 de enero de 2016

Sin dólar preferencial

Por Alejandro J. Sucre - El Universal - Venezuela - 24 de enero de 2016

Pedir u ofrecer dólares preferenciales dejó de ser una opción. El flujo de caja operativo de Pdvsa en dólares no alcanza. 

Para evitar una crisis humanitaria, el gobierno debe implementar urgentemente la apertura de un mercado cambiario libre. Esto encarecerá los precios. Por lo que se requieren medidas complementarias para reducir las terapias de shock. 

Para salir de una economía subsidiada y reducir las terapias de shock hay que gerenciar la oferta monetaria y el gasto fiscal de manera muy creativa y eficaz de manera de lograr un mercado cambiario libre y sostenible y a la vez una economía expansiva, aun bajo la presión de la repatriación de capitales reprimidos en las empresas transnacionales. Cabe destacar que en los últimos 55 años, sólo los gobiernos de Betancourt y de Leoni aplicaron en mayor proporción las medidas complementarias que enunciaremos y, como resultado, tuvimos en los años sesenta el país con uno de las tasas de crecimiento más altas del mundo, sin inflación y un mercado cambiario libre. 

Las medidas complementarias 

1.A.- Hacer que las empresas del Estado sean eficientes y además licitar las reservas mineras y otros activos improductivos en manos del Estado. Financiar empresas del Estado y ministerios ineficientes con créditos adicionales y dinero inorgánico, en lugar de corregir sus fallas, es un espejismo; es como lanzar desde un helicóptero billetes como papelillos para que la gente vaya a comprar lo que nadie ha producido. De ahí vienen las colas y la inflación. 

Adicionalmente, para rescatar las empresas del Estado que requieran capital fresco, el gobierno debe reconsiderar nuevos tipos de privatizaciones o asociaciones mixtas con empresarios y trabajadores; más efectivos que las comunas.

Aplicando leyes antimonopolio, se puede evitar que las empresas del Estado que requieran capital privado deriven en monopolios privados como en los noventa (que aunque mejoraron los servicios, cobraban tarifas mas altas que en otros países y frenaban el desarrollo de otros sectores). También se puede lograr que las privatizaciones o asociaciones mixtas sean a su vez más incluyentes que las comunas si el capital se abre también a las cajas de ahorros de trabajadores vía mercados de valores. 

1.B.- Licitar transparentemente las contrataciones de los entes del Estado de manera de lograr que el gasto público sea eficiente y pertinente. 

1.C.- Rescatar al funcionario público. Implantar un sistema de licitaciones transparente y mejorar el resultado de las empresas del Estado depende del desempeño de nuestros funcionarios públicos. A ellos hay que ponerles metas claras, sistemas de compensación por los logros individuales y en equipo y una eficaz contraloría. 

1.D.- No usar la devaluación como ingreso fiscal. La expansión en la productividad debe venir de las eficiencias obtenidas en los entes del Estado y por el sector privado. Cubrir déficit emitiendo dinero inorgánico hace inviable todo sistema cambiario y al mismo país. 

2.- Eliminar el control de precios. Para los especuladores la medicina a aplicar es la ley antimonopolios y no los controles de precios que burocratizan. La especulación puede aumentar los precios una vez y en algunos sectores, pero no continuamente en todos los sectores. Solo el dinero inorgánico aumenta los precios continuamente en todos los sectores y genera inflación. 

3.- Aplicar por igual las leyes antimonopólicas a las empresas del Estado. Permitir a la empresa privada competir con el sector público en todos los sectores. Así no habrán privilegiados ni rezagos burocráticos.

4.- Otras medidas anti-shocks: el gobierno podría mantener un dólar preferencial muy limitado y posponer el tema de la gasolina hasta que los sueldos suban. También podría reestructurar las deudas, canjearlas por activos y hasta acudir a organismos internacionales para fortalecer las reservas. Los socialistas como Tsipras en Grecia lo hicieron.

5.- Mantener las misiones y actualizarlas con profesionales venezolanos. También hay que reducir la delincuencia, mejorar a los profesores y médicos para que la gente pueda aprender, trabajar e invertir.