Universidades

FRANCISCO JOSÉ VIRTUOSO SJ |  EL UNIVERSAL

jueves 23 de mayo de 2013  

La universidad pública venezolana atraviesa una grave crisis que amenaza con llevarla a la muerte. El salario mensual de un profesor universitario que ingresa como instructor apenas supera el salario mínimo y un titular gana apenas el doble de eso. Las comparaciones establecidas con sus pares en el mundo son realmente escandalosas e indican claramente la poca importancia que se concede en el país a la profesión docente universitaria. 

Las diversas federaciones sindicales que agrupan al gremio docente universitario se han declarado en huelga y su protesta pública nos ha servido para tomar conciencia de este grave desequilibrio. Es necesario que en toda la sociedad nos hagamos eco de sus exigencias y desde nuestras respectivas posiciones nos solidaricemos con ellas. Porque lo que está en juego es la muerte por inanición de nuestras universidades. Es obvio, que nuestro talento docente se vea obligado a explorar otras posibilidades profesionales o busque en otros países lo que no consigue en su tierra. 

Pero el problema va más allá de la remuneración salarial de los docentes. La universidad como institución es costosa si quiere alcanzar niveles adecuados de calidad. Se requieren laboratorios adecuados, infraestructura tecnológica, acceso a bases de datos bibliográficas, mantenimiento de infraestructuras, intercambios internacionales con otras universidades, publicaciones, etc. 

Adolecemos en Venezuela de una auténtica política de financiamiento público a la actividad universitaria. El crecimiento de la oferta de instituciones universitarias que hemos visto en los últimos años no ha hecho más que agravar el problema porque ha aumentado innecesariamente los costos. Es mucho más viable potenciar las capacidades del parque universitario existente que inventar la creación de otras muchas universidades. Quizás en algunos casos se justifica pero la sana lógica de racionalización de recursos requería una mejor planificación del sector universitario. 

La juventud de nuestro país demanda oportunidades de capacitación y posibilidades para el desarrollo de su talento. Quiere universidades de calidad, donde consigan talento que estimule la búsqueda de conocimiento y condiciones adecuadas para capacitarse profesionalmente. 

Tenemos un nuevo ministro en la cartera de educación superior. Los universitarios quisiéramos que nos oyera, que escuchara sin gríngolas ideológicas las necesidades del sector, que atendiera las demandas de quienes constituyen el corazón de la vida universitaria que son sus docentes e investigadores y considere las expectativas reales de nuestros estudiantes, que demandan educación de calidad.

fjvirtuoso@ucab.edu.ve

¿La última crisis?

VÍCTOR MALDONADO C. |  EL UNIVERSAL

lunes 6 de mayo de 2013  12:00 AM

Lo último que entienden los socialismos es que la política se vive desde la economía. Dicho de otra forma, las promesas de bienestar, igualdad y felicidad que se gritan desde la esquina de la demagogia y los populismos, siempre terminan siendo ecos luctuosos en la cotidianidad de la gente. La inflación más alta de América Latina, y la más crónica; la escasez que se expande desde los rubros más demandados hasta los más exóticos; el desempleo que ya no logra encubrirse detrás de los ineficientes faldones de las misiones, grandes y pequeñas; y la ausencia de vigor inversionista, son una lista incompleta de lo que está sufriendo la gente y contradiciendo el discurso político que dibuja un país totalmente ajeno a lo que viven y sufren los venezolanos.

La calle está llena de evidencias contrarias a ese país feliz que se difunde desde el sistema de medios públicos: los salarios que mezclados con el creciente costo de la vida resultan ser siempre insuficientes; la depauperación del empleo, ahora atascado por la peor legislación laboral del mundo; la debacle de los servicios públicos, su mal servicio, su pésima administración, que hace que todos vivamos pendientes de la luz que se apaga, del agua que cuando viene está sucia, de las cloacas que se tapan, de los huecos de las calles, de los taludes que se derrumban, y de hospitales sin equipos y sin talento médico disponible. Todos sufrimos el derrumbe del sistema de empresas públicas, arruinadas, maltratadas, improductivas e incapaces de resolver problemas económicos de poco calado. Y la inseguridad, que no es otra cosa que falta de policías, de políticas públicas sensatas, de modelaje a favor de la honestidad y el cumplimiento de la ley. Las calles de todas nuestras ciudades están llenas de la vivencia masiva de esta lista de calamidades que pesa sobre los venezolanos y que tienen un culpable con el que no se puede transigir y negociar nada: el socialismo del siglo XXI.

Este socialismo es ideología, sus administradores y sus compromisos. Con este trío no puede haber ninguna negociación. La ideología hay que repudiarla por insensata y falaz. Los administradores de esta economía han arruinado el país y merecen un relevo inmediato. Y ese afán por favorecer primero a los de afuera, y después, si sobra, a los venezolanos, es un insulto a la soberanía, pero ahora, además es un crimen. Invocar la solidaridad de los pueblos y financiarla con las penurias de los venezolanos es repudiable e infamante.

Este modelo solo se puede conjugar con las largas colas, con la desazón de la conformidad y la nula explicación de por qué solo nosotros vivimos esta infeliz condición de estar racionados en nuestra vida, en nuestras opciones, en nuestra libertad. Este modelo está corrompido, no sirve, nunca sirvió ni para garantizar reservas internacionales apropiadas, pero tampoco para proveernos el abastecimiento del país, su soberanía alimentaria o el control de la inflación. El socialismo del siglo XXI es un fraude que decanta desde la política el colosal fiasco que vivimos todos en nuestra economía diaria, y que nos encadena a no poder decidir, sino a conformarnos con lo que hay, o intentar una búsqueda frenética de lo que escasea o simplemente ya no existe.

Esta economía es el resultado más conspicuo de la política que se ha envilecido hasta ser secreto, corrupción, represión y afrenta constante, como si todos debiéramos compartir esa gran locura que se niega a reconocer la realidad, y que nos amenaza con cualquier tipo de muerte si no damos por buena la exultante versión oficial, donde no pasa nada, donde todo es melcocha y felicidad.

El socialismo es siempre un déficit de capacidad de cálculo económico donde no es posible estimar costos, precios, salarios o productividad. No se resuelve con un mayor flujo de dólares alentando una marea de importaciones que extermina la producción nacional, asolada además por la falta de competencia. Su imposibilidad no tiene que ver con subastas o aflojamiento de los controles. Este modelo es radicalmente irresoluble y nunca obtendrá los resultados que anuncia. Es fatal que termine siendo lo que es: un inmenso caos donde no hay racionalidad alguna que permita hacerlo predecible, porque no hay burócrata, por más iluminado que sea, que pueda hacerlo mejor que la conjugación de los esfuerzos y el trabajo de una sociedad que viva libre, respete la ley y quiera ser el producto de su propio esfuerzo. 

Viviremos en crisis hasta que le perdamos el miedo a la libertad. 

cedicece@dice.org.ve

@cedice

En defensa de las ONG

FERNANDO M. FERNÁNDEZ |  ESPECIAL PARA EL UNIVERSAL

viernes 3 de mayo de 2013  

Las Organizaciones No Gubernamentales (ONG) venezolanas dedicadas a la defensa de los derechos humanos y toda persona jurídica privada corren peligro: pueden ser disueltas por causa de una acusación falsa o errónea, mientras que las bandas criminales y terroristas locales no pueden ser desmanteladas de forma legal, debido a las normas expresas y omisiones de la Ley Orgánica contra la Delincuencia Organizada y el Financiamiento del terrorismo (LOCDOFT).

Como producto de las gestiones del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) sobre Venezuela, se hizo la reforma de la Ley Orgánica Contra la Delincuencia Organizada en 2012, legislación que ya existía en Venezuela desde 2005. 

También la Organización de Naciones Unidas (ONU), por medio de los mecanismos previstos en los tratados contra la delincuencia organizada transnacional y en contra del terrorismo y su financiamiento, fue importante en esta reforma. 

Uno de los errores legislativos cometidos en Venezuela ha sido el de constituir la Ley Orgánica Contra la Delincuencia Organizada en un instrumento de persecución penal, en apariencia antimafia y antiterrorista, dedicado a las actividades indicadas por el Grupo de Acción Financiera Internacional y la ONU, pero, de forma insólita prevé normas que no sirven al objetivo central de defender la economía formal del Estado y de la sociedad civil. Lo adecuado debió ser responsabilizar a personas jurídicas solo cuando sean fachadas de mafias o grupos terroristas o que, en sí mismas, se dediquen a estas actividades ilícitas, de acuerdo con estándares internacionales. Así las cosas, el camino para sancionar penalmente a una o todas las ONG consiste en hallar o sembrarles cualquier delito que imputarle y, zás, liquidarla. 

Para entender este asunto basta un ejemplo: según me cuentan alumnos, en el estado Carabobo existe una banda llamada "Los Sanguinarios". Si el Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (Cicpc) quisiera desmantelarla y obtener el apoyo del Ministerio Público y este la aprobación de algún Juez Penal para lograr alguna medida o pena, no tendría asidero legal alguno. Pero, si eso ocurre con alguna persona jurídica privada (ONG, empresa, sindicato, partido, gremio o fundación) la Ley Orgánica Contra la Delincuencia Organizada tiene todas las penas posibles para hacerlo. 

Mi experiencia de 50 años ligado a ONG de todo tipo (asociaciones de vecinos, grupos de electores, derechos humanos, de participación ciudadana, gremios profesionales, etc.) me ha hecho concluir que quienes hacen vida en ellas son personas esencialmente altruistas, sin ideología política definida, más allá de querer que se respete la Declaración Universal de Derechos Humanos, abogan por el Estado de Derecho y de Justicia, por una sociedad justa y equilibrada. 

Por eso, atacar a las ONG de derechos humanos es tan grave como atacar a los periodistas por llevar el mensaje, a los abogados por defender a sus clientes, al sacerdote por dar misa o al médico por curar enfermedades.

En fin, opino que hay que apoyar y defender a las ONG de los ataques injustos que se les hagan.

*Profesor de Derechos Humanos, Criminología y Derecho Penal 

La ausencia indefinida

 EL UNIVERSAL

3 de marzo de 2013  

Desde el año pasado la salud de Chávez y la posibilidad de que no pudiera asumir el 10 de enero, día en que le correspondía tomar juramento para un nuevo mandato, el tema jurídico y las vías  constitucionales para resolver la complicada coyuntura subieron a la cima del debate público. No obstante, el primer escenario ya fue resuelto por el Tribunal Supremo de Justicia, de manera poco ortodoxa, declarando la continuidad administrativa. Es decir, Chávez gobernaba, luego Chávez debe seguir gobernando.

En este momento quedan dos opciones, en principio. Primero, si se trata de una falta temporal y, conforme al artículo 234 de la Constitución, las faltas temporales del Presidente son suplidas por el Vicepresidente Ejecutivo hasta por 90 días, prorrogables por otros 90 días, por decisión de la Asamblea Nacional.

Segundo, en el caso de una ausencia absoluta, según el artículo 233 de la Constitución, conforme al cual, cuando la falta absoluta del Presidente  se produzca antes de cumplir los primeros cuatro años de mandato, se debe encargar de la primera magistratura al Presidente de la Asamblea Nacional, hasta que se proceda a la elección de un nuevo presidente, dentro de los treinta días consecutivos siguientes.

Pero hay una realidad paralela a lo jurídico que impone un paso diferente. El Presidente va para tres meses sin aparecer públicamente y la vida pública nacional se desarrolla en medio de un juego comunicacional en el que la figura del jefe de Estado se ha reducido a una historia, a una narración, a un momento descrito por sus colaboradores. Nada de contacto directo y menos de comunicación directa con los ciudadanos.

Como se dijo antes, el Tribunal Supremo de Justicia decidió continuar el mandato de Hugo Chávez, manteniendo un precario hilo constitucional. No obstante, alargar esta extraña figura pudiera llevar a otra situación más polémica todavía: la ausencia indefinida, a todas luces un estado anormal y definitivamente inconstitucional que no es sostenible en el tiempo y, a la larga, con profundo impacto internacional.

La voluntad popular

 EL UNIVERSAL

1 de marzo de 2013  

El Vicepresidente Ejecutivo de la República no es un funcionario de elección popular. Nicolás Maduro fue designado  por  el presidente, Hugo Chávez Frías, quien está ausente del país desde el 11 de diciembre del año pasado sin ofrecer declaraciones a los medios o encabezar actos oficiales. Solo dos poderes públicos son escogidos en elecciones por los ciudadanos: el Poder Ejecutivo y el Poder Legislativo. De allí la lógica Constitucional en cuanto a que si se produce una ausencia temporal o absoluta, quien suple al jefe del Estado, es el presidente de la Asamblea Nacional, Diosdado Cabello. No Nicolás Maduro, Vicepresidente Ejecutivo.

Es verdad que el Tribunal Supremo encontró una fórmula para mantener la continuidad de Gobierno en manos del propio Chávez, pero en la práctica, debido a la enfermedad y a la real ausencia de Chávez, es Maduro quien ejerce las funciones del Presidente, cuando las mismas están reservadas constitucionalmente al funcionario electo, no al designado.

Entre otras funciones, el Presidente por mandato de la Constitución debe: cumplir y hacer cumplir la Constitución y la ley, dirigir la acción de Gobierno, nombrar y remover libremente al vicepresidente y a los ministros, nombrar los ministros, agentes diplomáticos y cónsules generales, con aprobación de la Asamblea Nacional, promover, a los oficiales a partir del grado de coronel o capitán de navío, dirigir a la Fuerza Armada Nacional en su carácter de comandante en jefe, ejercer la suprema autoridad de ella y fijar su contingente, convocar y presidir el Consejo de Defensa de la Nación, reglamentar parcialmente las leyes, sin alterar su espíritu, propósito y razón, celebrar los contratos de interés nacional conforme a la ley, negociar los empréstitos nacionales, administrar la Hacienda Pública Nacional... Y más, muchas más. Todas funciones taxativas en el texto constitucional. Y, hay que aclarar, que en la mayoría de las materias de su competencia no existe delegación.

Son funciones para un Presidente electo. No para un vicepresidente designado burocráticamente.

Sin duda, la situación actual, con el Presidente ausente y sin señales convincentes de su capacidad para ejercer el cargo para el que fue electo, no es sostenible y requiere especial atención a la brevedad. La voluntad popular está de por medio.

Tiempo de decisiones

Estamos a punto de comenzar el último mes del primer trimestre y se mantiene una inusual y poco transparente forma de relacionar a los ciudadanos con su máxima autoridad. El país vive, con todo respeto y consideración hacia el Presidente, una especie de intermediación administrativa que genera más dudas que certezas.

EL UNIVERSAL

miércoles 27 de febrero de 2013  02:03 AM

Más allá de las consideraciones jurídicas profusamente difundidas por expertos y analistas, se presenta en Venezuela una extraña situación de inconveniente paralización operativa tanto del sector público como del privado, producto de la incertidumbre y de las dudas legales que rodean el actual orden de cosas. Es que ni siquiera el escenario bosquejado por el Presidente el pasado 8 de diciembre se plantea. Simplemente no hay Presidente y se suple su presencia con informes verbales de reuniones, encuentros, gabinetes y hasta largas jornadas de debates que se convierten en instrucciones y líneas de gobierno supuestamente emanadas del propio Presidente hospitalizado.

Sobre esto no hay certeza. Tampoco de lo contrario, pero nadie ha visto al presidente Chávez, más allá de sus íntimos allegados. Si ya antes se enfrentaban problemas de inseguridad jurídica ahora se han multiplicado, afectando hasta las operaciones de deuda que tenía proyectadas el Gobierno con algunos países en función de los acuerdos bilaterales suscritos.

Estamos a punto de comenzar el último mes del primer trimestre y se mantiene una inusual y poco transparente forma de relacionar a los ciudadanos con su máxima autoridad. El país vive, con todo respeto y consideración hacia el Presidente, una especie de intermediación administrativa que genera más dudas que certezas.

Venezuela atraviesa una complicada situación, más allá de la ausencia del Presidente, tanto en lo económico como en lo administrativo, que obliga a la normalización institucional. Un país que aspire seriamente a alcanzar niveles aceptables de calidad de vida y desarrollo no podrá nunca avanzar con tal grado de incertidumbre e inseguridad.

Es tiempo de tomar decisiones.

Insulza, enterrador de la democracia

ASDRÚBAL AGUIAR |  EL UNIVERSAL

martes 26 de febrero de 2013  

Nadie le ha hecho tanto daño a la democracia como José Miguel Insulza, secretario de la OEA y aspirante a senador chileno. Ni siquiera los déspotas electos y de nuevo cuño -Chávez en Venezuela y Correa en Ecuador, para no citar a otros- quienes manipulan a la democracia y el Estado de Derecho horadando sus contenidos y las garantías que aseguran los derechos para todos los individuos. Y el asunto es simple. Más grave es el perjuicio que causa el juez, quien omite juzgar que el delincuente tuerce a la ley con su arrebato. 

Cada vez que se le llama para que haga valer la "seguridad colectiva" democrática o apoye al sistema de protección de derechos humanos, sobre el camino lanza la piedra de la soberanía del Estado y el principio de la No intervención. Obvia sus deberes y desfigura a conveniencia la teleología del principio señalado, nacido para la protección del modelo republicano. Es el mismo argumento que baten a sus anchas las dictaduras más ominosas, incluida la del general Augusto Pinochet, de quien Insulza dice haber sido víctima pero con quien Insulza, al final de las cuentas, comparte comunidad de "ideas". 

Su historia, como cabeza del plenario interamericano, es larga y desdorosa. Al señalar que "espera que la situación en Venezuela se resuelva la próxima semana" y al referirse a la forma en que los poderes públicos venezolanos interpretan la Constitución para sostener las prerrogativas presidenciales de un paciente terminal y aún Presidente electo, apunta que "en términos políticos esto ha evitado un conflicto que no era necesario". 

Le es intrascendente que los poderes de dicho Estado se carguen al orden constitucional y provoquen "mutaciones constitucionales" -verdaderos golpes de Estado, en el lenguaje más ortodoxo- haciéndole decir a la Constitución lo que no dice o atribuyéndole a sus palabras significados que no tienen, siempre que se alcance el objetivo que aprecia de valioso, a saber, la estabilidad del "gendarme" de Caracas, incluso trucado de Cid Campeador. 

Las páginas editoriales del mundo, sin sesudas indagaciones observan que en Venezuela ocurre lo anterior. Les resulta escabroso que un mandatario moribundo, desde el extranjero, sin que medien partes médicos sobre su situación, siga gobernando al concluir su mandato. Que dicte actos y los firme desde su sede gubernamental sin estar en ella, y gobierne sin término, oculto, en la práctica secuestrado, avalado por una Justicia obediente y obviando, desde antes y esta vez a su vuelta, el sacramento de la juramentación o declaración de fidelidad a la Constitución; ese que todos los mandatarios republicanos acatan y respetan en las democracias y hasta en las dictaduras, al iniciar o concluir sus funciones. 

No cabe bajar hasta el barrial, pero queda la cuestión que hace pública el Gobierno de Venezuela y no es desmentida. A Insulza lo eligen una vez como hace concesiones al presidente Chávez, quien le fija un precio alto a su voto y cuyas consecuencias gravosas las sufre la democracia en el continente. Su comportamiento en los casos de Honduras y Paraguay, por subalterno y penoso, no reclama agregados. 

Para cuando deje de ser lo que es, Insulza deja en su haber -a fuerza de posturas resbaladizas- su contribución con la muerte de la OEA, que pierde su objeto fundacional, como lo es proteger las democracias y los derechos humanos e imponer cordones sanitarios a las autocracias. 

En su cara le han montado organismos sustitutos y mejor avenidos con las "demo-autocracias", como la Celac y Unasur. Y a la par, para complacerlas y satisfacer su ego, debilita a los órganos de la Convención Americana de Derechos Humanos, hasta doblegarlos. Pretende que éstos decidan y juzguen según la máxima que rige en la Cuba de los Castro -expulsada de la OEA y luego reingresada a su seno con honores- a cuyo tenor debe favorecerse siempre al gobernante (pro regnum), aun en perjuicio de los derechos ciudadanos y las libertades (pro homine et libertatis). 

Declara que la democracia se encuentra en alza, por cuanto los gobiernos son más poderosos y aplastan a las fuentes de poder ajenas que los contienen y contrabalancean. De allí su abulia cada vez que Chávez o Correa, o Cristina Kirchner, persiguen a la prensa, que es la "columna vertebral de la democracia". 

Y con retardo, dice hoy estar pendiente del desenlace "institucional" de Venezuela, que mira con ojo de político taimado, muy a la "cubana" -de cuya estirpe ideológica procede- y con desprecio por la democracia constitucional. Nada comenta sobre la "condena a muerte" que el régimen de facto de Nicolás Maduro le ha impuesto ayer a Iván Simonovis, preso a perpetuidad por razones políticas. 

Petróleo: ¿soberanía y transparencia?

Por DIEGO J. GONZÁLEZ CRUZ |  EL UNIVERSAL

25 de febrero de 2013  

Pdvsa entre 2009 y 2011 otorgó a dedo 63 campos petroleros ubicados en las áreas tradicionales de los estados Zulia y Anzoátegui, para que empresas mayoritariamente estatales de Argentina, Brasil, Cuba, Uruguay, Ecuador, China, Irán, Arabia Saudita, Vietnam, Rusia, Belarús, Angola y Sudáfrica, adelantaran estudios conjuntos con Pdvsa. Posteriormente, se crearían empresas mixtas. Los conocedores de la industria petrolera venezolana saben que se han entregado los mejores campos de las áreas tradicionales. 

De América Latina participan empresas de Argentina (Enarsa/Pluspetrol) en cuatro campos de Anzoátegui (Cachicamo, Caricari, Socororo y Yopales Norte); Brasil (Odebrecht, grupo privado) en cinco campos en el oeste del estado Zulia (Mara Este, Mara Oeste, La Paz, Sibucara y El Moján); Cuba (Cupet) en cuatro campos en Anzoátegui (Adas, Lido, Limón y Oficina Central); también Cupet participó en un estudio, junto con la angolesa Sonangol, en el campo Miga, de Anzoátegui (este trabajo resultó negativo y el Ministerio de Petróleo decidió extender la investigación al campo Melones Oeste, para lo cual se creó la empresa Venangcupet). En 2011, Uruguay (Ancap) realizó estudios en dos campos de Anzoátegui (Oveja y Yopales Sur); y, finalmente, la venezolana Suelopetrol actúa en cuatro campos (Cabimas Este 2, Cabimas Sur, Franja del Km en el Lago y Tía Juana Tierra) con lo que extiende sus áreas en el Zulia. 

De Asia participan empresas de China (Sinopec) para estudiar cuatro campos de Anzoátegui (Merey, Oca, Oleos y Yopales Sur); Irán (Petropars) en un campo en Anzoátegui (Dobokubi); además, se constituyó la empresa Petrovenpersa. Pdvsa incluyó a la estatal de Ecuador, Petroecuador. Por último, Vietnam (Petrovietnam) realizará estudios conjuntos con Pdvsa en tres campos del lago de Maracaibo (Bloque I Lagunillas, Bloque IX Lama, Bloque XIV Lama). Con estas asignaciones, los mejores campos del lago fueron otorgados discrecionalmente. 

De Eurasia, Rusia (Gazprombank (GBP)/Neftegaz, grupo de empresas estatales y privadas) trabaja en diez campos del Zulia y Anzoátegui (Campo Lagunillas Tierra y Bachaquero Tierra, Sur del Lago, Bloque V Centro, Bloque V 10 Centro, Guara Oeste, Guara Central, GG-401, GM-02, Levas, Lejos y Ganso); y en los importantes campos de la Costa Oriental del Lago de Maracaibo: Lagunillas Tierra y Bachaquero Tierra.   

Belarús (Belorusneft) interviene en seis campos (Soto Norte, Soto Este, Mapiri, Mapiri Central, Mapiri Este y La Ceibita R) para producir gas natural en Anzoátegui; asociada con Pdvsa Gas, se creó la empresa mixta Petrolera Bielovenezolana. Posteriormente, a Belorusneft se le otorgó un estudio conjunto con Pdvsa en cuatro campos de Anzoátegui (de los cuales dos luego fueron descartados, Casma 1 y Soledad) y dos en Zulia. Estos se encuentran en el lago de Maracaibo, Bloque VII Centro y Bloque XII Lagunillas, que fueron incorporados a la empresa Petrolera Bielovenezolana. En 2011 también se le otorgaron a Belorusneft tres ricos campos en el lago de Maracaibo (Bloque I Lama, Bloque VI Lamar y Lama Lago), que se incorporarán a la empresa petrolera Bielovenezolana. 

De Arabia Saudita, la Petro Saudi (empresa privada) realizará estudios en cuatro campos en el lago de Maracaibo (Bloque VI Lamar, Bloque V Centro, Bloque V-10 Centro y Sur del Lago). Y de Sudáfrica la Petrosa llevará a cabo estudios en ocho campos de Anzoátegui (Quiamare, La Ceiba Oriente, Cerro Pelado, La Vieja, Tacata, Pato, Tacat y Mata Grande). 

Como se observa, han sido entregados de forma arbitraria los mejores campos petroleros de Venezuela, que contienen abundantes reservas probadas de crudos convencionales. ¡Y pensar que se criticó la "apertura petrolera" que hizo la Pdvsa democrática en tres rondas completamente transparentes! 

Habría que preguntarse si esas empresas estatales y privadas tienen disponible el músculo tecnológico de ingeniería de yacimientos para trabajar en los estudios integrados de yacimientos que se requieren, y si poseen la fibra financiera, así como el know-how (los recursos humanos de ingeniería de petróleo, geología, petrofísica, geofísica, operaciones y otras disciplinas) necesarios para aumentar sustancialmente la producción de esos campos. Las inversiones y gastos estimados para estas empresas mixtas suman cerca de 28.000 millones de dólares, de los cuales Pdvsa deberá aportar 60% (unos 17.000 millones de dólares). ¿Es esto soberanía y transparencia? 

cedice@cedice.org.ve

@cedice

¿La dolarización plena?

Por Guillermo García - El Universal - 24/02/2013

La situación de desequilibrio del mercado cambiario en Venezuela en los últimos meses, y las recientes medidas adoptadas por el Ejecutivo de devaluar el bolívar y eliminar el Sitme; ha producido que muchos ciudadanos y economistas piensen que la única manera de resolver esta situación de distorsión, desequilibrio y presiones de devaluación futura sería a través de una dolarización plena de la economía.

¿Qué es la dolarización plena? Por plena dolarización se entiende un paso más: desde la utilización puntual y limitada al empleo oficial y total del patrón monetario extranjero en todas las transacciones. El atractivo principal de la plena dolarización es que elimina el  riesgo de devaluación fuerte o repentina del tipo de cambio del país. Cuando se habla de dolarización se describe el proceso en el que el dólar se convierte en moneda de uso nacional de curso legal, sustituyendo a la moneda local del país que la adopta.

Cuando un país adopta la dolarización formal en su economía es indudable que lo hace buscando beneficiarse de las ventajas que este sistema en teoría ofrece, tal como mencionan Berg y Borensztein (2000) "la plena dolarización permite, en principio, evitar crisis cambiarias y de balanza de pagos. Al no haber una moneda propia, no pueden producirse bruscas depreciaciones ni súbitas salidas de capital motivadas por el temor de una devaluación" (p.39), por ende, es una medida que implica estabilidad económica. Además entre los beneficios más importantes se destacan:

• Estabilización y reducción de la inflación a niveles internacionales.

• Bajas tasas de interés y con ello mayor acceso a los capitales.

• Eliminación de riesgo de emitir dinero sin respaldo lo que provocaba altos índices inflacionarios.

• Se descarta cualquier influencia política en el manejo monetario y fiscal del país.

• Credibilidad en el esquema monetario y en consecuencia atracción de capitales extranjeros.

• Mayor integración a mercados internacionales especialmente con Estados Unidos.

• Balanza comercial que refleja la realidad productiva del país al no poder devaluar la moneda y beneficiar a los exportadores con esta medida.

Sin embargo, como todo sistema el mismo puede implicar desventajas para los países que la aplican, entre las principales se mencionan:

• El Banco Central cede la posibilidad de emplear la política monetaria para planificar la economía del país.

• Pérdida de ingresos para el Fisco por concepto de señoreaje. (emisión de papel moneda).

• El Banco Central no podría auxiliar al sistema financiero en caso de una crisis.

• Es una decisión casi irreversible.

El caso de Ecuador. En enero de 2000, Ecuador, estaba atravesando una grave crisis económica y política, lo que llevo al gobierno de ese momento adoptar el dólar de EEUU como moneda de curso legal. Con la decisión de dolarizar su economía  surgieron muchas preguntas y dudas por parte de la colectividad y los agentes económicos. Veamos algunas de ellas:

¿Por qué hay este cambio de moneda en el país? Porque el Sucre (moneda) se devaluó en el  año 1999 en más del 200% y las autoridades económicas agotaron todos los instrumentos monetarios para controlar el incremento del dólar. El Banco Central intentó, mediante políticas heterodoxas, frenar a la divisa norteamericana sin lograrlo. El país necesitaba, según los argumentos de las autoridades y analistas que defienden el esquema, un giro de timón que devolviera, sobre todo, la confianza en el futuro económico del país.

¿Qué beneficios puede traer la dolarización a futuro? Las autoridades argumentaron cinco beneficios concretos. La inflación (es decir, el ritmo del incremento de precios) se reducirá a un solo dígito -por debajo del 10%- a mediano plazo. Las tasas de interés internas se ajustarán a los niveles internacionales; se ubicarán en el 14,05% para los créditos y en el 8,27% para los depósitos. Se recuperará el ahorro, porque se desvanece el riesgo de la devaluación, y el financiamiento porque es más factible acceder a créditos en el sistema financiero. Un cuarto beneficio es el aumento de la productividad de las empresas: podrán reducir sus costos de operación. Finalmente, la dolarización alentará la inversión de largo plazo por la estabilidad monetaria.

¿Qué podemos obtener con este sistema de dolarización, un adelanto o un retraso para el país? La dolarización, señalan los analistas, no es la fórmula mágica para resolver los problemas económicos del país. Lo que se logra, a corto plazo, es una estabilidad monetaria que incluye una reducción de las tasas de interés, de la inflación y de la incertidumbre para invertir. La dolarización exige la aplicación de reformas adicionales, relacionadas sobre todo con modernización, flexibilización laboral y disciplina fiscal.

¿Están dadas las condiciones en Venezuela para una dolarización plena como en Ecuador? Las medidas económicas y desenvolvimiento económico y político en los próximos meses fijarán las acciones. Veremos qué pasa.

Asesor Financiero

Candidato AMDP Harvard University

finanzasaldia@gmail.com

@asesorfinaciero

Devaluación tóxica

Son millones los que no entienden cómo el súper "boom" petrolero de los últimos años pueda haber desembocado en la maxidevaluación decretada para el 13F, Miércoles de Ceniza. Y creo que muchos del gobierno tampoco. Con esta nueva incoherencia de su política económica, queda más que demostrado que todo el modelito del chavismo está convertido en una matriz generadora de problemas, no de soluciones. 

Toda maxidevaluación es tóxica porque provoca múltiples desajustes financieros en todos los sectores, que no pueden ser detenidos en forma rápida y que a la vez interactúan entre sí, creando condiciones para nuevos desequilibrios. Por ello, los gobiernos con criterio las previenen ajustando sus políticas por adelantado. Pero los gobiernos prepotentes prefieren mandar el tipo de cambio al foso antes que modificar sus políticas. Así fue como el gobierno venezolano siguió en 2012 cometiendo disparates financieros. Y se encontró, como nuevo gobierno este año 2013, en una situación como la que enfrentó su antípoda, Carlos Andrés Pérez, en 1989 cuando heredó un inmenso déficit fiscal, reservas de divisas depletadas y una hundida calificación crediticia internacional. La diferencia ahora es que el gobierno hereda de sí mismo esta calamidad. 

La maxi no sirve para hacer competitiva la producción nacional ni en el mercado interno ni en el exterior, porque continúa el divorcio de costos relativos entre el "made in Venezuela" y, por ejemplo, el "made in China". No sirve para estimular el empleo ni las inversiones en nueva capacidad productiva, porque la relación entre fuentes de trabajo y disponibilidad de capacidad de producción tiene una platabanda de concreto impuesta por la miríada de controles económicos y administrativos, incluyendo el cambiario. En lo social, el panorama no es distinto. En empleo, por mencionar un aspecto, el efecto contractivo de la devaluación supera su eventual efecto expansivo. 

Y mientras el problema de fondo sigue siendo la inflación, el gobierno sigue fiel a ese credo ingenuo de que la inflación no importa mientras la economía crezca, que hace décadas reinaba en países como Brasil y Chile, con nefastas secuelas para la población. De hecho, el bolívar se había desvalorizado internamente por la inflación mucho antes que el gobierno lo devaluara respecto al dólar, no para reestructurar la economía sino para hacerse con un "dinerillo" extra con fines fiscales y quizá testar las aguas políticas antes de adelantar otras "sobrevenidas" acciones expropiatorias de ahorros, salarios y pensiones, en beneficio del presupuesto revolucionario. 

El gobierno parece ignorar que se ha colocado a sí mismo en una vorágine económica de alto potencial inflacionario adicional. Tiene montado un rígido modelito similar a lo probado antes por varios gobiernos del país, y por otros de América Latina, con resultados detestables. Ojalá no se le ocurra probar ahora con expandir la aplicación del modelito cubano, más tétrico que todos los anteriores. 

Con un mal gobierno y una enigmática oposición política, la nación sigue en el tránsito hacia un estadio de disolución mucho peor que la anomia, algo que pudiera llamarse la inopia, en el que todos quieren defender lo suyo a pesar de que nadie realmente, excepto los grandes jerarcas, tienen seguro nada. 

dfontiveros@cantv.net