FERNANDO M. FERNÁNDEZ
| ESPECIAL PARA EL UNIVERSAL
viernes 3 de mayo de 2013
Las Organizaciones No
Gubernamentales (ONG) venezolanas dedicadas a la defensa de los derechos
humanos y toda persona jurídica privada corren peligro: pueden ser
disueltas por causa de una acusación falsa o errónea, mientras que las
bandas criminales y terroristas locales no pueden ser desmanteladas de
forma legal, debido a las normas expresas y omisiones de la Ley Orgánica
contra la Delincuencia Organizada y el Financiamiento del terrorismo
(LOCDOFT).
Como producto de las gestiones del Grupo de Acción
Financiera Internacional (GAFI) sobre Venezuela, se hizo la reforma de
la Ley Orgánica Contra la Delincuencia Organizada en 2012, legislación
que ya existía en Venezuela desde 2005.
También la Organización
de Naciones Unidas (ONU), por medio de los mecanismos previstos en los
tratados contra la delincuencia organizada transnacional y en contra del
terrorismo y su financiamiento, fue importante en esta reforma.
Uno
de los errores legislativos cometidos en Venezuela ha sido el de
constituir la Ley Orgánica Contra la Delincuencia Organizada en un
instrumento de persecución penal, en apariencia antimafia y
antiterrorista, dedicado a las actividades indicadas por el Grupo de
Acción Financiera Internacional y la ONU, pero, de forma insólita prevé
normas que no sirven al objetivo central de defender la economía formal
del Estado y de la sociedad civil. Lo adecuado debió ser responsabilizar
a personas jurídicas solo cuando sean fachadas de mafias o grupos
terroristas o que, en sí mismas, se dediquen a estas actividades
ilícitas, de acuerdo con estándares internacionales. Así las cosas, el
camino para sancionar penalmente a una o todas las ONG consiste en
hallar o sembrarles cualquier delito que imputarle y, zás, liquidarla.
Para
entender este asunto basta un ejemplo: según me cuentan alumnos, en el
estado Carabobo existe una banda llamada "Los Sanguinarios". Si el
Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (Cicpc)
quisiera desmantelarla y obtener el apoyo del Ministerio Público y este
la aprobación de algún Juez Penal para lograr alguna medida o pena, no
tendría asidero legal alguno. Pero, si eso ocurre con alguna persona
jurídica privada (ONG, empresa, sindicato, partido, gremio o fundación)
la Ley Orgánica Contra la Delincuencia Organizada tiene todas las penas
posibles para hacerlo.
Mi experiencia de 50 años ligado a ONG de
todo tipo (asociaciones de vecinos, grupos de electores, derechos
humanos, de participación ciudadana, gremios profesionales, etc.) me ha
hecho concluir que quienes hacen vida en ellas son personas
esencialmente altruistas, sin ideología política definida, más allá de
querer que se respete la Declaración Universal de Derechos Humanos,
abogan por el Estado de Derecho y de Justicia, por una sociedad justa y
equilibrada.
Por eso, atacar a las ONG de derechos humanos es
tan grave como atacar a los periodistas por llevar el mensaje, a los
abogados por defender a sus clientes, al sacerdote por dar misa o al
médico por curar enfermedades.
En fin, opino que hay que apoyar y defender a las ONG de los ataques injustos que se les hagan.
*Profesor de Derechos Humanos, Criminología y Derecho Penal
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