El comunismo: parto con viiolencia

TRINO MÁRQUEZ |  EL UNIVERSAL

lunes 24 de marzo de 2014  

La violencia que ha sacudido al país durante mes y medio ha sido para aplastar la resistencia que distintos sectores de la vida nacional han levantado frente al modelo comunista que trata de imponer el tándem cubano-venezolano instalado en Miraflores desde 1999. A lo largo de este ciclo en la vanguardia se han alternado distintos sectores.

Hoy la línea más avanzada del enfrentamiento al totalitarismo la ocupan los estudiantes universitarios. En la etapa que comienza el 10 de diciembre de 2001 y concluye con los sucesos del 11 de abril de 2002 y los días posteriores, las fuerzas motrices del cambio estuvieron encarnadas por los sindicatos, los gremios empresariales y amplias capas de las clases medias, movilizadas en gran escala para conjurar las amenazas comunistas que aparecieron cuando Hugo Chávez pretendió apoderarse de la educación primaria y aprobó aquellas 49 leyes que exacerbaban el morbo del estatismo. Más tarde, con la Coordinadora Democrática y la Mesa de la Unidad Democrática (MUD) reaparecieron en rol protagónico los partidos políticos, que impulsaron la lucha contra los delirios comunistas que se agudizaron en la fase final del caudillo.

La trayectoria durante toda esta etapa podría resumirse señalando que, por un lado, la élite gobernante trata de imponer el comunismo, mientras, por el otro, existe una sociedad que aguanta el embate. Ha habido una lucha desigual, asimétrica, en la cual los rojos, a pesar de su poderío, no han podido aplastar a los ciudadanos; mientras la sociedad no ha acumulado la energía suficiente para derrotar al régimen, ni lograr cambios sustantivos orientados a restablecer la democracia y recuperar la economía.

En Venezuela se repite la historia: el comunismo nace luego de un parto violento. En su alumbramiento no hay nada natural, ni espontáneo. Todo es forzado y compulsivo. Esa fue la experiencia de Rusia, Europa Oriental, China, Cuba, Vietnam. Ese esquema centralista, autoritario, vertical y burocrático, únicamente logra implantarse mediante la coacción de un grupo arrogante y déspota. En esa forma de organizar la economía, la sociedad y el Estado, no existe espacio para el consentimiento, la adhesión voluntaria, la persuasión y el consenso. Tampoco para la oposición o la simple disidencia. Los regímenes comunistas poseen un rasgo autocrático y militarista acentuado. Exaltan el armamentismo, aunque en la neolengua que construyen hablen de paz.

El fracaso del comunismo no es como el de cualquier otro sistema. En una república democrática, los errores de un gobierno pueden corregirse en el siguiente mandato. Los comunistas, además de que dejan a las naciones en la ruina, no permiten la rotación en el gobierno. Son enemigos de la alternabilidad. Son fanáticos del poder total, absoluto y eterno. No creen en la democracia, ni en la alternancia. No organizan gobiernos, sino regímenes. No necesitan la aprobación ni la legitimación popular, aunque de vez en cuando la usan para darse un baño de legitimidad. Los comunistas se autojustifican. Les basta hablar de la "revolución", de los "ideales del pueblo" y del "hombre nuevo" que ellos edificarán a partir de la redención social. En nombre de estos "principios" asumen el control de todas las instituciones que permiten asegurar su continuidad en el poder: el Parlamento, el Poder Judicial, los órganos electorales, las Fuerzas Armadas, el Banco Central, las dependencias que elaboran las estadísticas nacionales. No hay institución pública que escape a su control absoluto.

Los jóvenes han decidido asumir con heroísmo y abnegación la resistencia al comunismo. En esta par- ticular batalla que libran no piden reivindicaciones específicas, como el aumento de las dotaciones estudiantiles, de las becas o el mejoramiento del subsidio al transporte. En esta oportunidad se dirigen a combatir un adversario que los ha dejado sin futuro. Que los condena a la miseria. Que los empuja a irse del país porque no les garantiza la seguridad personal, ni la posibilidad de conseguir un empleo estable y bien remunerado o emprender una actividad económica que los independice.

La juventud venezolana no quiere vivir en la frustración en la que ven pasar sus días los cubanos, aplastados durante 55 años por una tiranía petrificada que acabó con tres generaciones. Ese es el espejo en el que se ven nuestros jóvenes, quienes se niegan a ser víctimas sumisas de los gamonales que se entronizaron en el poder.

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Los venezolanos en el impasse del chavismo

Fuente: Le Monde - El Nacional 22/03/2014

Potencialmente, Venezuela, gran productor de petróleo, es un país rico. Pero quince años de chavismo la llevaron al knockout económica y socialmente. Desde comienzos de febrero, los venezolanos están en la calle, protestando, día tras día, contra un régimen que ha triunfado en tres aspectos: engaño, corrupción y autoritarismo político.

El chavismo es la doctrina heredada del anterior presidente Hugo Chávez, quien ejerció el poder desde 1999 hasta su muerte, en 2013. Es un coctel de social-soberanismo (socialo-souverainisme), inspirado en el ejemplo cubano, y de un antiimperialismo militante, proveniente de un viejo fondo revolucionario latinoamericano.

Los catorce años de reino de Hugo Chávez permitieron ayudar a una pequeña parte de la población: los más pobres de 30 millones de venezolanos aprovecharon una cierta redistribución de la renta petrolera. En lo demás, el chavismo ha aplastado al país: economía pasada al yugo del Estado, desestímulo de las inversiones locales y extranjeras, controles de precios, de cambios, y del comercio exterior.

Electo en abril de 2013, el sucesor de Chávez, Nicolás Maduro, ha actuado mejor todavía. En un año, ha congelado la actividad económica del país. Anunció, esta semana, que estaba obligado a instrumentar la tarjeta de racionamiento, a semejanza de lo que Cuba hizo hace medio siglo.

Salvo el petróleo, del que posee las más grandes reservas del mundo, Venezuela produce cada vez menos. Importa casi todo. Ayer país de agricultura y ganadería, hoy compra más de un tercio de los bienes de consumo corrientes.

El país casi no tiene divisas, el colmo para un gran exportador de petróleo. Los hospitales carecen de todo. Los apagones, cortes, de electricidad son cada vez más frecuentes. La inflación anual supera 56%, condenando los pobres a más pobreza.

Los manifestantes enfrentan las milicias paramilitares del régimen, que acusa a los “burgueses” de estar en la calle. Se equivoca. Detrás de los estudiantes, punta de lanza de la protesta, todo el espectro de la sociedad venezolana manifiesta su inquietud por el porvenir.

Bajo la personalización del poder a ultranza que encarnaba Chávez, las fuerzas armadas no han cesado de aumentar su dominio de la vida política. El “modelo cubano” produce aquí todos los peores efectos. Una economía paralela existe, un mercado negro de comercio interior y exterior que aprovecha la pequeña “nomenklatura” sin escrúpulo.

Al hundimiento de la economía se añade la inseguridad galopante, 25.000 homicidios por año, sin contar los robos, agresiones diversas, secuestros, violaciones. Caracas es la capital más peligrosa del planeta.

Se necesita toda la atracción del “exotismo latino” en ciertos intelectuales franceses para encontrar algún encanto en el chavismo. Sobre todo que éste, bajo Maduro como con Chávez, veja, maltrata, las libertades públicas, amordaza una parte de la prensa y trata duramente a toda la oposición.

*Traducido por Pedro Conde Regardiz

Operación Cicatriz

SOLEDAD MORILLO BELLOSO |  EL UNIVERSAL

21 de marzo de 2014  

Si el gobierno funcionara, si hiciera las cosas que tiene que hacer, en fin, si gobernara, las protestas no existirían o pasarían por debajo de la mesa sin mayor pena ni gloria. A entenderlo bien, las protestas son una consecuencia, la respuesta de la sociedad al desgobierno. La sociedad está harta de los besos y amapuches falsos, de ser ignorada, de las promesas que se obsequian pero que no se cumplen, está hastiada de ser para el gobierno menos que un cero a la izquierda. Ha tenido mucha paciencia. Pero todo en esta vida tiene un límite. Tarde o temprano, el tipo que pega a su mujer, que es negligente en sus deberes, que ha manchado el vecindario con violencia, recibirá de vuelta la queja airada, la violencia que sembró, el cambio de la cerradura de la puerta y el apoyo de la vecindad que no soporta los abusos.

Dice la lógica que la mujer ha debido recurrir al sistema de justicia. Pero, ¿y si el sistema no resuelve y se pone de parte del abusador? Mujer y vecinos arderán en furia. La ira no es buena consejera y se producirán excesos. Al pretender restaurar el orden con la fuerza de las botas, sin entender la validez de la protesta y sin ocuparse de solucionar las demandas que la originaron, la sociedad reaccionará con aún más indignación. Pero, ¿de quién es la culpa? ¿De la sociedad o del abusador y sus cómplices? 

Uno no tiene que estar de acuerdo con la intifada. Puede objetarla por principios o por razones pragmáticas. Lo que no puede hacer es no entenderla. El gobierno no puede despacharla así nomás. Esto es un cuero seco: se pisa por una punta y se levanta por la otra. 

La solución al conflicto la tiene el gobierno. Tiene un nombre: rectificación. Rectificar es mucho más que una conversa manipulada que se transmite por los medios. El gobierno, porque es gobierno, debe transitar con humildad por todos los pasos del sacramento de la confesión. De lo contrario, aunque crea haber dominado la protesta, le estallará en las manos de nuevo, con aún mayor ferocidad.

La respuesta del gobierno no puede ser perseguir a María Corina Machado o encarcelar alcaldes. Eso es echarle kerosén al fuego. Son actos de poder, no de autoridad. Lo que está pasando hay que verlo con ojos profundos. Esto no es apenas una crisis coyuntural. Aún no podemos hacernos una idea de las heridas que tenemos en el cuerpo social. El país con mejores perspectivas del área subcontinental se nos convirtió en un caos. ¿Por qué?

El Estado fue colonizado por el gobierno, por el partido de gobierno y por los militares. A seguir hizo un "take over" de buena parte de los sectores productivos y de servicios. Con todo controlado, el Estado sitió a la Sociedad. Al principio le lanzó a los ciudadanos panes y peces para que sintiesen que el sitio les convenía. Que a caballo regala'o no se le mira el colmillo. Con el tiempo y la madeja de incompetencias y corruptelas, dejó de proveer. La gente comenzó a sentir que el sitio apretaba como caluroso abrigo en pleno verano. La incomodidad produjo la protesta, que fue ignorada por el Estado. A ese desprecio la sociedad reaccionó en voz alta, que el Estado no entendió como un justo reclamo sino como un intento de derrocarlo. En lugar de abrir la válvula de descompresión, reaccionó con represión, con balas y perdigones, con cárceles y persecución, con ocupación militar. No entendió que las armas de la política son las ideas, la palabra, la comprensión, el respeto.

El Estado decidió concentrar sus esfuerzos y recursos en defender su poder. De un mal gobierno pasamos a la ausencia del gobierno. El Ejecutivo habla, pero no gobierna; el Legislativo habla, pero no legisla; el Judicial "retoriza", pero no imparte Justicia; el Poder Moral es el batallón especializado, los francotiradores que atinan sus disparos contra la democracia.

La Oposición, incluso gobernando en espacios importantes, no logra defender a la sociedad de los ataques verbales, físicos, económicos y sociales del Estado. Entonces, la Sociedad reacciona con anarquía. Es lo único que puede hacer frente a la entropía. Es la Caja de Pandora, con la Esperanza de última en la fila de salida.

Saldremos de ésta, con páginas de obituarios, leguas de tierra arrasada, empapados en sangre y lágrimas, en quiebra moral y económica, con el cuerpo exhausto, hinchado de deudas, lleno de supurantes heridas; con los corazones encallecidos y sudando desconfianza; con el hedor de la pólvora; sabiendo que todo pudo ser evitado; y solos, pues en realidad siempre lo estuvimos. Tocará a todos transitar por la Operación Cicatriz. 

soledadmorillobelloso@gmail.com

La protesta por comida

PEDRO E. PIÑATE B. |  EL UNIVERSAL - 21 de marzo de 2014  

Como necesidad existencial del ser humano, los alimentos de la dieta diaria no deben faltar. Para ello la producción nacional y las importaciones complementarias del déficit deben procurarse suficientes y disponibles al consumo, mediante políticas acertadas. Por el contrario en Venezuela, en los últimos 15 años de "revolución bonita", las políticas afectaron la producción y favorecieron las importaciones subsidiadas, comprometiendo el abastecimiento normal de alimentos hasta el nivel de escasez severa que por culpa exclusiva del gobierno, sufrimos hoy todos los venezolanos.

De la escasez como resultado seguro del terror agrario, los controles y el estatismo comunista, el país y el gobierno fueron suficientemente advertidos. Tanto por el sector productor como por todos los demás integrantes de la cadena agroalimentaria. Sin embargo el gobierno hizo oídos sordos a todas las advertencias e insistió en sus políticas de hambre, llevando al país al estado de protesta en que nos encontramos. 

Del por qué viéndose venir la crisis de escasez que pudo ser prevenida no lo fue, las razones incluyen desde los intereses de la dominación Castro-comunista hasta la gigantesca corrupción que esquilma la vaca petrolera. Así, mientras la población padece enormes vicisitudes por la severa escasez de alimentos, pero también de gas, de luz, de agua, de aseo urbano, y hasta de papel tualé; y la inflación evapora el dinero disponible para sus compras, el gobierno tozudo se mantiene como si aquí no faltara nada. Por todo esto, la protesta por comida es una legítima que deben ser atendida y resuelta eliminando las causas de la escasez, concertando un plan de contingencia con el sector agroalimentario e impulsando nuestra agricultura en forma sustentable. Hasta entonces seguirá la protesta por comida y miren que falta hasta la perrarina. 

Regímenes de excepción

Fuente: CARLOS J. SARMIENTO SOSA |  EL UNIVERSAL, Caracas, Venezuela: jueves 20 de marzo de 2014  

El principio general que rige en todo país democrático es la vigencia del Estado de Derecho, es el libre ejercicio de los derechos y las garantías constitucionales. No obstante, hay circunstancias en las cuales la constitucionalidad ha previsto que, de manera excepcional, se limiten o suspendan esos derechos y garantías para defender el propio régimen constitucional o atender situaciones extraordinarias. 

Dentro de ese contexto, en la Constitución de 1999 y en la Ley Orgánica sobre Estados de Excepción de 2001 se prevé el estado de excepción, considerando que es aquel en el que el Presidente de la República, en Consejo de Ministros, podrá decretar el estado de excepción, calificando como tal las circunstancias de orden social, económico, político, natural o ecológico, que afecten gravemente la seguridad de la nación, de las instituciones y de los ciudadanos, a cuyo respecto resultan insuficientes las facultades de las cuales se disponen para hacer frente a tales hechos. En tal caso, podrán ser restringidas temporalmente las garantías consagradas en esta Constitución, salvo las referidas a los derechos a la vida, prohibición de incomunicación o tortura, el derecho al debido proceso, el derecho a la información y los demás derechos humanos intangibles. 

A su vez, dentro del estado de excepción se consideran los siguientes subtipos:

El estado de alarma, que podrá decretarse cuando se produzcan catástrofes, calamidades públicas u otros acontecimientos similares que pongan seriamente en peligro la seguridad de la nación o de sus ciudadanos y ciudadanas. Durará hasta treinta días, prorrogable hasta por treinta días más.

El estado de emergencia económica, que podrá decretarse cuando se susciten circunstancias económicas extraordinarias que afecten gravemente la vida económica de la nación. Su duración será de hasta sesenta días, prorrogable por un plazo igual.

El estado de conmoción interior, constituido por todas aquellas circunstancias excepcionales que impliquen grandes perturbaciones del orden público interno y que signifiquen un notorio o inminente peligro para la estabilidad institucional, la convivencia ciudadana, la seguridad pública, el mantenimiento del orden libre y democrático, o cuando el funcionamiento de los Poderes Públicos esté interrumpido. Podrá decretarse el estado de conmoción interior en caso de conflicto interno, que ponga seriamente en peligro la seguridad de la nación, de sus ciudadanos y de sus instituciones, el cual no podrá exceder de noventa días, siendo prorrogable hasta por noventa días más.

El estado de conmoción exterior en caso de conflicto externo, que ponga seriamente en peligro la seguridad de la nación, de sus ciudadanos o de sus instituciones, y constituyen causas, entre otras, para declararla todas aquellas situaciones que impliquen una amenaza a la nación, la integridad del territorio o la soberanía. Se prolongará hasta por noventa días, siendo prorrogable hasta por noventa días más.

El Decreto que declare el estado de excepción será presentado, dentro de los ocho días siguientes de haberse dictado, a la Asamblea Nacional, o a la Comisión Delegada, para su consideración y aprobación, y a la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia, para que se pronuncie sobre su constitucionalidad. Asimismo, el Decreto cumplirá con las exigencias, principios y garantías establecidos en el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y en la Convención Americana sobre Derechos Humanos. 

Decretado el estado de excepción, el Presidente de la República, como Comandante en Jefe de la Fuerza Armada Nacional, podrá ordenar la movilización de cualquier componente o de toda la Fuerza Armada Nacional. 

Asimismo, el Ejecutivo Nacional tendrá la facultad de requisar los bienes e inmuebles de propiedad particular que deban ser utilizados para restablecer la normalidad. Para toda requisición será indispensable la orden previa del Presidente de la República o de la autoridad competente y deberá expedirse una constancia inmediata de la misma.

Terminado el estado de excepción, se restituirán los bienes requisados a sus legítimos propietarios, en el estado en que se encuentren, sin perjuicio de la indemnización debida por el uso o goce de los mismos; y si los bienes requisados no pudieran ser restituidos, o se trate de bienes fungibles o perecederos, se pagará el valor total de dichos bienes, calculados con base al precio que los mismos tenían en el momento de la requisición.

Ahora bien, cuando están dadas las circunstancias para que se decrete un estado de excepción y no se hace, sino que las autoridades actúan arbitrariamente y de facto, se violarían la Constitución y el Derecho Internacional Humanitario porque se estarían vulnerando derechos y garantías. 

Neogorilismo y paz

ANGEL OROPEZA |  EL UNIVERSAL

miércoles 19 de marzo de 2014  

Desde la década de los 60 del siglo pasado, el término "gorilismo" se ha usado para referirse a los gobiernos militaristas y represivos de América Latina, tristemente famosos por las violaciones a los derechos humanos de su población y a la crueldad de sus órganos de "seguridad" y "orden". Si bien el epíteto "gorila" tiene su origen en la política interna de Argentina, para referirse de manera despectiva a los adversarios del general Perón, con el paso del tiempo la expresión se extendió a otros países como sinónimo de gobernantes cuya marca distintiva era el uso de la represión y la fuerza como forma privilegiada de dominación.

Entre las características típicamente definitorias del gorilismo están la persecución sistemática contra los adversarios políticos, sindicales y sociales, el cierre o control de los medios de comunicación, la represión contra las manifestaciones de quienes discrepan, la judicialización de la protesta, el uso abusivo de la fuerza pública, el recurso a la tortura, la concentración absoluta de los poderes del Estado, la corrupción de los altos jerarcas del Gobierno, el manejo de los recursos públicos para fines del proyecto político, y la insistencia de la amenaza y el miedo como herramienta de control social.

En lo discursivo, el gorilismo latinoamericano (Videla en Argentina, Strossner en  Paraguay, Banzer en Bolivia, Pinochet en Chile) pregonaron siempre que sus actuaciones eran movidas por el más puro "amor al pueblo", que con ellos sí había "patria", que sus naciones se encaminaban a convertirse en "grandes potencias", y que todo el que pensase distinto era un traidor y apátrida, posiblemente financiado por fuerzas extranjeras. Este mismo modo de dominación pasó a denominarse "neogorilismo" cuando a las características anteriores se le agrega el hecho que sus gobernantes hayan alcanzado el poder por la vía electoral, y mantengan una fachada de formalidad democrática que no era necesaria en los tiempos del gorilismo originario.

El gobierno venezolano del poschavismo ha hecho méritos innegables para ubicarse como prototipo del neogorilismo latinoamericano. Una rápida revisión a la Venezuela de estos días nos muestra un país en estado generalizado de represión: represión sindical (cerca de 5.000 dirigentes sindicales "judicializados", perseguidos o bajo acusación penal por defender los derechos laborales), represión mediática (compra de medios de comunicación, presión sobre comunicadores sociales, censura y cierre de espacios, monopolización progresiva de los servicios radioeléctricos), represión universitaria (intentos de eliminación de la autonomía universitaria, proletarización y depauperación del profesorado, ahorcamiento financiero a las instituciones académicas), represión económica (inflación sin control, escasez, disminución ostensible de la capacidad adquisitiva de los trabajadores, nuevo aumento de los niveles de pobreza), represión sanitaria (abandono de los hospitales y depauperación del personal de salud) y represión política, son solo algunas de las más evidentes expresiones coercitivas del experimento madurocabellista. 

Esta represión, a la que Fernando Mires llama la etapa del "gangsterismo político", última fase de los modelos de dominación fascistas, ha llevado a que el de Maduro se haya convertido, por ejemplo, en el gobierno venezolano que en menos tiempo ha asesinado a más estudiantes, 17 entre el 12 de febrero y hoy. Lo adicionalmente cínico es que nuestra actual oligarquía gobernante se cansó de hablar de la represión de los gobiernos  anteriores.  De hecho, muchos alcanzaron notoriedad denunciando casos de real y a veces de supuesta represión. El tema les sirvió para llenarse la boca entonces y los bolsillos ahora.

Una última característica de los modelos gorilistas es el uso de "la paz" como una especie de fetiche verbal, pero carente de contenido más allá del "retorno a la normalidad", que no significa para sus representantes otra cosa que todo el mundo quieto, calladito y obediente. Dada su mentalidad cuartelaría, les cuesta entender que el principal obstáculo para la paz no son las protestas del pueblo, sino la presencia de condiciones sociales y económicas indignas.  En un país donde el presupuesto nacional 2014 destina a la adquisición de equipos de "orden público" más del doble de lo que otorga al sector vivienda, donde la mortalidad materna ha aumentado a 70 por cada 100.000 habitantes (la peor en casi 40 años), donde más de 800 mil adolescentes están fuera del sistema educativo y hay un déficit superior a las 5 mil escuelas, donde en los últimos 6 meses han muerto 235 personas por la escasez de insumos para enfermedades cardiovasculares, donde más del 30% de los quirófanos no funcionan, y donde el año pasado más de 14 mil pacientes oncológicos se quedaron sin radioterapia, la única paz posible es la que pasa por la atención y resolución de problemas concretos como esos. Lo demás es solo "paz cuartelaria", que es la única paz que entiende el gorilismo.

@angeloropeza182

La libreta de racionamiento y el desenlace final

ANGEL GARCÍA BANCHS |  EL UNIVERSAL

lunes 17 de marzo de 2014 

Tal y como pronosticamos, intentarían meter la libreta de racionamiento (el comunismo). De hecho, ese habría de ser el desenlace final del conflicto nacional, intentarlo y fracasar, para dar paso al cambio político: la transición hacia la recuperación de la institucionalidad, la economía de mercado y la forma de gobierno civil (i.e. la República). Hace pocos días las autoridades anunciaron la Tarjeta de Abastecimiento Seguro para la red de establecimientos comerciales del Estado, Mercal, Pdval y abastos Bicentenario; un intento para implantar la libreta de racionamiento, el mecanismo a través del cual, definitivamente, pretenden arrodillar al ciudadano, y hacerlo renunciar a sus principios, valores e instituciones, así como a la participación en la política para poder subsistir.

Jorge Giordani habría estado en lo correcto, y en todo momento habría sido sincero, cuando decía: "estamos construyendo el socialismo sobre la base de la escasez"; es que, no hay comunismo, sin libreta de racionamiento; y libreta de racionamiento, sin escasez. Pero, la escasez per se no basta; claramente, la experiencia histórica demuestra que, además de escasez desbordada, implantar la libreta requiere fusilamientos públicos, exactamente como ocurrió en la España de Franco, la Rusia de Stalin o la Cuba de Fidel. El error Giordani-Dietrich habría sido pensar que tal cosa como introducir poco a poco la libreta de racionamiento (o lo que llamaron el socialismo del siglo XXI) era posible en la práctica; la verdad, a la dupla Giordani-Dietrich le faltó lo fundamental: el fusilamiento público de miles y miles de venezolanos, durante y después de su introducción.

Como tal cosa no podrá ocurrir en la Venezuela del siglo XXI, el señor Giordani fracasó. Con mayores o menores traspiés, Venezuela se dirige hacia su reinstitucionalización. Simplemente, no será posible en la práctica implantar en la Venezuela del siglo XXI la libreta de racionamiento porque, al igual que ocurrió en los estados Zulia y Táchira, la gente en el resto del país reaccionará, desde el que depende del libre comercio para vivir hasta quienes sencillamente aman la libertad. Es decir, no habrá quien desde el Estado (no desde los colectivos, sino el Estado) esté dispuesto a administrar suficiente represión (miles y miles de muertos o más). 

Así, estoy seguro que, muy pronto, el país tendrá necesariamente que transitar hacia su reinstitucionalización.

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2014: la ruina de Pdvsa continúa

Por DIEGO J. GONZÁLEZ CRUZ |  EL UNIVERSAL

lunes 17 de marzo de 2014 

La industria del petróleo y gas natural está conformada por una cadena de valor de negocios que se manejan en el mediano y largo plazo. Producir, procesar y mercadear nuevos barriles de hidrocarburos en áreas tradicionales desarrolladas o no desarrolladas lleva de tres a cinco años; y hacerlo en áreas nuevas toma de cinco a ocho años. Ello disponiendo de los mejores recursos humanos, de la tecnología, de las inversiones y de la base legal, económica y de transparencia que hagan posible los negocios. El Gobierno lanzó su "Plan Siembra Petrolera" 2006-2012, que fracasó completamente. Los errores siguieron repitiéndolos hasta llegar al reciente "Plan de la Patria 2013-2019", que insiste en la meta de producción de 6,0 MMb/d para 2019, que tampoco cumplirán, por las razones que aquí exponemos.

Hoy la base legal está determinada por la ideología del Gobierno. Un régimen que amenaza, confisca y expropia activos petroleros privados, y que obliga a los socios a hacer lo que los burócratas piensen o digan, no puede promover desarrollo alguno, porque el know-how, las tecnologías y las inversiones, tienen que venir esencialmente del exterior. En lo económico, una autoridad que impone el control de cambio, que limita el uso de los dólares de los inversores para traer sus bienes, servicios y tecnología, y que impide pagarles en dólares a sus trabajadores si lo desearan, que prohíbe la repatriación de capitales, tampoco puede promover desarrollo alguno de una industria tan difícil y competitiva como la petrolera. Y en materia de transparencia, ni el país ni los inversionistas nacionales y extranjeros conocen las cifras oficiales del negocio desde 2010 (fecha del último informe del Ministerio de Petróleo), ni las de Pdvsa, que datan de 2012 (fecha de su último Informe de Gestión). Como referencia, valga decir que las estatales Pemex, Petrobras y Ecopetrol presentan sus balances regularmente y están a la disposición de todos, vía Internet. 

Por lo tanto, si Pdvsa no ha hecho las inversiones y traído las tecnologías y el know-how necesario en los últimos años, no puede pretender que en 2014 va a ocurrir un milagro, un repunte de la producción, o que aumentarán las reservas de los crudos que necesitan las refinerías venezolanas. Si no se siembra, no se cosecha.

Un parámetro esencial que mueve la industria petrolera mundial es la reposición de las reservas (verdaderas reservas, no recursos como los de la Faja del Orinoco, que no cumplen con la definición de reservas que establecen las normas del Ministerio de Energía y Petróleo y los organismos internacionales). La meta es que cada barril producido tiene que ser restituido. Restablecido por las respectivas reservas que son producto de la exploración, de nuevas tecnologías o comprados.

Venezuela está agotando nuestra seguridad energética y las reservas de crudos condensados, livianos y medianos (C/L/M), los más comerciales y fuente para la alimentación de las refinerías nacionales. En 1998 las reservas de crudos sumaban 76,1 millardos de barriles, y apenas 24,4 millardos de éstos eran de crudos C/L/M, el resto era pesado y extrapesado (los menos comerciales). Para el 31 de diciembre 2012 las reservas de C/L/M eran de apenas 22,8 millardos; y, lo peor, de éstas, menos de 30% están desarrolladas (cuentan con la infraestructura para ser producidas). Esto ocurre porque la actividad exploratoria para la búsqueda de esos crudos ha sido mínima en los últimos años. Las cifras que presenta el régimen -que nos convierten en una "potencia energética"- son básicamente de la Faja del Orinoco, las cuales -como se dijo- son solo recursos. Para 2014 no se espera que esta situación se revierta.

Por otro lado, los acuerdos geopolíticos continuarán arruinando a la estatal en 2014. En el presupuesto de 2013, Pdvsa informa del acuerdo de entregas a 23 países, sin embargo, estima que no podrá adjudicar más de 220.400 b/d, afectando fundamentalmente a Argentina, Nicaragua, Jamaica y República Dominicana. El envío a Cuba se mantendrá igual. Mientras tanto Pdvsa declara en ese presupuesto que tiene, por lo menos, 12.300 millones de dólares (MM$) como exportaciones no cobradas. Y ni hablar de cómo pagarán la deuda financiera que estaba en más de 43.384 MM$ al cierre de diciembre de 2013. Además, tiene un pasivo total que asciende a 142.596 MM$ al 31-12-2012.

Por estas razones es que se le acabaron los dólares al régimen para seguir manteniéndose.

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La Masacre del Día de la Juventud

Fuente: ASDRÚBAL AGUIAR |  ESPECIAL PARA EL UNIVERSAL

jueves 13 de marzo de 2014  

Los hechos del 12 de febrero y los precedentes como sucesivos, perseguirán de por vida a Nicolás Maduro y Diosdado Cabello, cabezas visibles del poder en Venezuela.

No podrán caminar con la conciencia liviana si acaso se detienen a considerar que, por acción u omisión, son los responsables de la muerte de 22 jóvenes, las heridas o torturas sufridas por otros 318, y la detención indiscriminada de 1.103 - a quienes se les pone luego en libertad, pero atados a la cuerda corta de una Justicia arbitraria - y quienes vivirán, no cabe duda, más allá del tiempo vital que en promedio les corresponde a sus victimarios.

El esfuerzo de los órganos del Estado para reescribir el deslave de violencia política que hoy padecemos los venezolanos, situando su germen -el comportamiento oficial- en las consecuencias o rezagos -las "güarimbas" o barricadas- les resultará absolutamente inútil.

La realidad de las violaciones sistemáticas o generalizadas de derechos humanos quizso ocultarla en el pasado el militarismo latinoamericano, imponiéndole silencio a la prensa, silenciando a las víctimas, o creyendo que el paso del tiempo borra toda memoria. Y no fue así, porque la verdad es terca y los atropellos a la dignidad humana, cuando se hacen colectivos, persiguen a sus responsables mientras cada víctima tenga un doliente, en casa o en el pueblo.

Han ocurrido, ahora sí y sin lugar a dudas, verdaderos crímenes de lesa humanidad. Demandan la responsabilidad del Estado por violación de sus obligaciones en materia de respeto y garantía de los derechos humanos, como el establecimiento sucesivo de las responsabilidades penales internacionales e individuales comprometidas.

Es palmaria la actuación estatal y paramilitar durante la Masacre del Día de la Juventud. De modo que se trata de hechos del Estado, originados en su comportamiento propio o asumido como tal, violatorio de la legalidad internacional sobre derechos humanos. Y si lo anterior como premisa no fuese cierto, cabe señalar que el "riesgo" que dio origen a tanta violencia fue sabido y conocido por los responsables del gobierno, por Maduro y quien de facto también lo ejerce, Cabello. Y ese "riesgo" lo aceleraron, deliberadamente.

Cabe decir que también botaron gasolina sobre el piso al cohonestar la criminalidad desbordada, dilapidar el tesoro público, llevar a la población a niveles carenciales y de racionamiento inaceptables, e hipotecar el futuro de los jóvenes manifestantes, a la vez que entregando el control del país a los cubanos.

Es de recordar que el propio Cabello, cabeza de la Asamblea Nacional, antes de ocurrir la masacre, anunció que las Unidades de Batalla Chavistas ya estaban en acción y "decididas a impedir que la derecha fascista lance sus garras sobre el pueblo". De modo que, ante el hecho notorio conocido puso fósforo sobre el pavimento.

Ellos no podrán borrar para la historia lo esencial. Durante tres lustros, bajo la consigna de que "la revolución es pacífica pero armada", hicieron "política de Estado" armar a la población civil rompiendo el monopolio del Estado sobre las armas; a fin de que, llegado el caso, asegurar el avance de la revolución por las buenas o por las malas, reprimiendo a la población civil disidente, segregándola, imponiéndole incluso la muerte civil.

Allí están las reformas legislativas militares de 2005 y 2008 que crean la milicia - la llamada Guardia del Pueblo - bajo dirección operativa directa del Presidente Maduro. Y allí están los "círculos bolivarianos" mudados en "colectivos populares", puestos en acción por el mismo Cabello desde cuando ejerciera como ministro de la presidencia y luego como ministro del interior.

Los crímenes de lesa humanidad no son crímenes de cantidad, como el genocidio. Se trata de violaciones múltiples de derechos humanos, asesinatos, violaciones a la integridad personal o torturas, obra una "política de Estado" sistemática, dirigida contra una "población civil" a quien al paso se persigue por tener una identidad propia "fundada en motivos políticos".

Eso lo precisa el artículo 7 del Estatuto de Roma, y los responsables individuales de tales crímenes no pueden alegar el ejercicio de funciones como gobernantes o parlamentarios, según el artículo 26, y tampoco argüir que sus subalternos son los responsables, pues han ejercido sobre ellos un control efectivo pero inapropiado, como reza el artículo 28.

La Masacre del Día de la Juventud es la clara consecuencia de una política de Estado represora. Eso lo confirmó ante la comunidad internacional el propio Nicolás Maduro, el pasado 14 de febrero: "Que lo sepa el mundo, estamos decididos a todo, y... profundizaríamos esta revolución hasta más allá de los límites que se han conocido", dice, para luego de ajustar ante el Mercosur que "esta revolución pacífica y democrática, quizás tomaría otro carácter, armado y profundamente revolucionario". Su confesión es su sentencia.

Exjuez de la Corte Interamericana de Derechos Humanos

¿Quién es el culpable?

Fuente: Pedro Palma - El Nacional - 10 de marzo de 2014

A raíz del primer aniversario del fallecimiento de Hugo Chávez, ha surgido la interrogante acerca de quién es el culpable del desastre económico que vivimos. ¿El gobierno de Chávez o el de Maduro? Creo que la responsabilidad es compartida. Si bien los males que hoy padecemos se han empeorado durante los últimos meses debido a una serie de acciones equivocadas, y a un manejo errático y desordenado de la política económica por el actual gobierno, buena parte, si no todas las calamidades que nos aquejan tienen su origen en las pésimas políticas públicas que se implementaron durante los años del gobierno de Chávez.

La irresponsable política fiscal, caracterizada por un desbocado gasto público, y por unos ingresos constreñidos debido, entre otras razones, a unas tarifas de servicios públicos desfasadas, a un absurdo precio de la gasolina, y al mermado flujo de caja de Pdvsa, se tradujo en la materialización de enormes y crecientes déficits, que generaron un abultado endeudamiento del sector público, tanto interno como externo. Adicionalmente, se obligó al BCV a financiar el gasto deficitario de las empresas del Estado, particularmente de Pdvsa, creándose así enormes cantidades de dinero sin respaldo por parte del instituto emisor. Todo lo anterior se tradujo en crecimientos muy intensos de la oferta monetaria que han continuado estimulado la demanda de bienes y servicios, la cual se ha hecho cada vez más difícil de satisfacer.

En efecto, la actitud hostil a la actividad económica privada, la pérdida de capacidad competitiva de las empresas debido a la alta sobrevaluación de la moneda, la imposición de controles desproporcionados que no toman en consideración la evolución de los costos de producción y distribución, la imposibilidad de tener acceso a las divisas requeridas para importar, y las amenazas permanentes de expropiación y penalizaciones a las empresas, se han traducido en una baja producción local. Si a esto agregamos la ineficacia de múltiples empresas estatalizadas, que después de ser expropiadas o expoliadas por el Estado pierden eficiencia y pasan a producir una fracción de lo que producían en manos privadas, es fácil entender por qué la oferta interna se ha visto severamente limitada, aumentando notablemente las necesidades de importación para tratar de satisfacer la creciente demanda.

Sin embargo, estas compras foráneas también se han visto afectadas por la carencia de divisas, a pesar de haberse estado exportando el petróleo a precios muy altos, insuficiencia que se ha generado por la declinación de los volúmenes de producción y exportación de hidrocarburos, por la desbocada demanda interna de gasolina, por el incontrolable contrabando de extracción, por la necesidad de importaciones crecientes de derivados debido a los severos problemas operativos de las refinerías, por los altos volúmenes de crudos y productos que hay que destinar a servir la deuda con China, y por los regalos y subsidios masivos de combustible a países aliados del gobierno.

Las restricciones de oferta interna de bienes y servicios, las dificultades cada vez mayores para importar, y el crecimiento sostenido de la demanda han generado problemas de escasez crecientes que han llegado ya a niveles alarmantes. Si a ello agregamos el profundo desequilibrio cambiario, que se manifiesta en un divorcio entre la tasa de cambio oficial y la libre, en severos retrasos en la liquidación de divisas a los importadores, y en una corrupción desbocada en el manejo del control cambiario, es fácil entender por qué la inflación está fuera de control, por qué cae el poder de compra de las remuneraciones, y por qué se deteriora la calidad de vida de la población, particularmente la de los más desposeídos, que son los que más sufren a pesar de los programas sociales gubernamentales, que si bien pueden mitigar en algo sus penurias, no les solventan el grave problema de pobreza en que están sumidos.

La traición de las Américas a la Democracia

Fuente: Asdrúbal Aguiar - El Universal - 11 de marzo de 2014

He afirmado, coloquialmente, que la resolución adoptada por el Consejo Permanente de la OEA, "Solidaridad y respaldo a la institucionalidad democrática, al diálogo y a la paz en la República Bolivariana de Venezuela", entierra a la Carta Democrática Interamericana; y le pone punto final a la razón de ser del Sistema Interamericano, que nace con la Carta de Bogotá (1948) y, en esencia, tiene como propósito la garantía colectiva de la democracia. Caben, no obstante, algunas precisiones. La primera es, que en verdad no mueren los principios que le sirven de fundamento ni los estándares que le dan contenido a la democracia mientras los ciudadanos la defiendan; pues ella es, como reza la Carta Democrática, derecho humano de los pueblos. Es anterior y superior al Estado, tanto como a las organizaciones internacionales que sólo acogen a los gobiernos de los Estados. 

Con la citada declaración ha muerto, eso sí, la garantía institucional y política de la democracia en las Américas y en Venezuela, donde a la vez cede la independencia de la Justicia y se usan a los jueces para criminalizar a la disidencia. Y al denunciar Maduro, como lo hizo, el texto de la Convención Americana de DDHH, significa ello que perdimos el derecho de reclamo ante quienes, negados a garantizar los derechos, optan hoy por desconocerlos y violarlos impunemente.

Los derechos humanos, entre éstos el derecho a la democracia, son de las personas, no de los gobernantes. No por azar, la Constitución de 1999 hace reposar en el pueblo el poder constituyente (artículo 347), y le pide al pueblo desconocer cualquier régimen, legislación o autoridad que contraríe los valores, principios y garantías democráticas o menoscabe los DDHH (artículo 350).

Lo ocurrido -la puesta en marcha de una política de Estado orientada a reprimir, por razones políticas, a los opositores, usando las armas de la república y estimulando para ello a grupos paramilitares bajo su control- y la meliflua consideración que tal asunto recibe en la OEA, pone sobre el tapete una cruda verdad. El rescate de la libertad y la democracia en nuestro país queda en manos de los venezolanos, y será el hilo conductor que, como en el tiempo de nuestra Emancipación, permitirá luego que los pulmones de la moral democrática se expandan hacia todos los gobiernos de las Américas.

¿Y, por qué afirmo que la declaración C084/14 adoptada el 7 de marzo pasado, borra del escenario político oficial las obligaciones de garantía que impone la Carta Democrática, aun siendo interpretación auténtica del tratado fundacional de la OEA?

La declaración parte de un falso supuesto, "hace votos para que las investigaciones tengan una rápida y justa conclusión", siendo que la Comisión y la Corte Interamericanas de Derechos Humanos se han pronunciado varias veces sobre el uso de los jueces en Venezuela para doblegar a los adversarios del régimen marxista imperante. Y en una suerte de sincretismo de laboratorio se compromete con la defensa de la institucionalidad democrática; pero alega que lo hará sin inmiscuirse en los asuntos internos de Venezuela. Cita la declaración la Carta de la OEA y habla del Derecho internacional, pero omite toda mención de la Carta Democrática Interamericana, por una razón elemental. Una vez adoptada en 2001, producto de una evolución doctrinal de décadas y bajo el respaldo de más de 500 enseñanzas de la jurisprudencia interamericana, los gobiernos de ese tiempo hoy, lamentablemente, son otros. 

Todos a uno, con sus variantes, los presidentes de las Américas se cuecen en los moldes del mismo régimen autoritario instalado en Caracas. Usan a la democracia para vaciarla de contenido y reelegirse. Y cabe decir que, por obra de la cultura que a todos nos lega la tragedia de la II Gran Guerra del siglo XX, es dogma -que prostituye la actual OEA- que ningún gobernante puede tremolar la idea de la soberanía para encubrir sus violaciones de derechos humanos, léase, sus atentados a la democracia.

Al paso, la declaración de la OEA legitima, sin necesidad, al represor Nicolás Maduro, electo en elecciones cuestionadas y quien llega al poder por disposición testamentaria de Hugo Chávez, violándose la Constitución que le prohibía su ejercicio del poder como Encargado y lo inhabilitaba entonces para ser candidato presidencial. 

Maduro, sin embargo, rompe sus relaciones con Panamá por ejercer un derecho que consagra la Carta Democrática y amenaza a la OEA, que en su amoralidad, bajando la cabeza, decide saludar con beneplácito su "monólogo", instalado en el Palacio de Miraflores. De victimario, sus colegas, salvo honrosas excepciones y sin rubor, lo han transformado en víctima.