Sufriendo en Venezuela los embates de un despojo agrario cada dos días, los productores y técnicos del campo, no entendemos cómo pudo suscribir el gobierno de la República Bolivariana, la declaración final "El futuro que queremos"firmada por los jefes de Estado y de Gobierno y los representantes de alto nivel a la Conferencia Río+20 de las Naciones Unidas sobre el Desarrollo Sustentable, realizada en Río de Janeiro del 20 al 22 de junio.
Así es evidente que el papel aguanta todo y que la hipocresía oficial se aplicó a fondo en Río+20, aceptando "la importancia de respetar, proteger y promover los derechos humanos y las libertades fundamentales de todos, sin distinción alguna, etc.", cuando aquí hace todo lo contrario. Si así lo hiciese, por qué entonces a los productores propietarios de fincas se les mantiene conculcados dichos derechos, se les excluye, y acosa con controles y despojos arbitrarios de sus propiedades agrarias? ¿Por qué se les niega el resguardo y protección debida y a sus bienes, ante toda suerte de malhechores que impunes los victimizan, tales como invasores, ladrones, secuestradores y asesinos?
Hacia el comunismo
Tampoco se entiende cómo el Gobierno reconoce que "la democracia, la buena gobernanza y el Estado de Derecho, así como un entorno propicio, son esenciales para el desarrollo sostenible", mientras aquí avanza anticonstitucionalmente hacia el comunismo, el Estado de Derecho está entredicho y el entorno es de anarquía? Además acepta que "para lograr el desarrollo sostenible necesitamos instituciones en todos los niveles que sean eficaces, transparentes, responsables y democráticas", que aquí domina todas, pero no permite libre ninguna. Ciertamente el agro y futuro que queremos, no son posibles bajo un régimen comunista. Y aunque el lobo feroz se disfrace y trate, no pasará más por mansa oveja.
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