El Gobierno, sin demasiado remilgo, ha dado un paso más hacia la barbarie.
La Ley de Costos y Precios Justos (CPJ) se funda más que en la docta escolástica, en la ignorancia negligente, la que hace daño a todos cuando sólo tenía el propósito de hacer daño a algunos.
La congelación de precios es una medida que algunos gobiernos suelen tomar en casos en que buscan un respiro temporal para los consumidores, cuando se espera la adopción de otras medidas paralelas que fortalezcan los ingresos personales para poder afrontar, más adelante, precios más elevados.
Con más frecuencia la adoptan gobiernos que no entienden de economía, congelan los precios por un tiempo largo -como ocurre en Venezuela con decenas de productos- y el principal resultado es carestía y la aparición de mercados negros. El resultado es inflación a pesar del control, y escasez a pesar de los buenos deseos.
La Ley de Costos y Precios Justos se dirige a fijar los precios de los productos de acuerdo con los costos "reales" que serán determinados por, digamos, la camarada Karlin.
Un primer problema es que la ganancia es anatema para la mentalidad de socialistas como Chávez, que viven como impúdicos jeques ultramultimillonarios. La idea de que a un empresario le corresponda una ganancia se hace inaceptable para quienes quieren igualar por abajo; la ganancia apenas debe servir para comprarse un calzoncillo y un cepillo de dientes.
No entienden la función social de la ganancia, ni como fuente de ahorro e inversión, ni como recompensa por el esfuerzo de combinar creativamente los factores de producción. Sólo en países desestructurados la ganancia puede ser descomunal y eso no se corrige con la policía roja sino con instituciones sólidas y mercados fuertes.
Un segundo problema es que el pensamiento dogmático no entiende lo que es el mercado. Suponen a tres barrigones opulentos que ofrecen sus productos en el mercado y una masa depauperada que cuenta los centavos, envueltos en un pañuelo mugroso, para reunir la cifra requerida por los avaros. Si los camaradas no fuesen tan obtusos, comprenderían que el mercado es el lugar en que se expresan miles de decisiones tomadas por los que producen las materias primas nacionales y por los importadores, por los trabajadores y patronos en los acuerdos contractuales, por los competidores domésticos y globales, por las condiciones del clima, de la política, de la geografía, por los integrantes del segmento social para el cual esos productos se elaboran. El precio es un resultado complejo que nadie puede fijar fuera o arriba del proceso productivo. ¿Qué hay especulación? Puede haberla y por eso para los monopolios deben existir regulaciones estatales, pero sobre todo hay que promover la competencia.
En tercer lugar, no reconocer costos indirectos, como la publicidad, gastos de representación de la empresa y gestiones de lobby, "que no están ligados directamente a la producción" es, precisamente, eliminar instrumentos para promover la competencia (mi producto es mejor que el tuyo), lo cual, dentro de un cierto plazo, impedirá atender la heterogeneidad de los mercados para entrar en la homogeneidad roja: leche amarilla y trajes estilo Mao para todos. Además, sólo reconocer el dólar Cadivi para los productos finales o materias primas importados es ignorar cómo el gobierno ha condenado a funcionar al sector privado.
El régimen entra en el terreno soviético, en el cual un monje loco, metido en un cuarto de computadoras, ve en su video-juego a las campesinas y a los obreros felices como pregonaba Marx, mientras en la calle falta pan y sobra rabia.
Carlos Blanco - Especial para El Universal - Venezuela
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