Fabiola Zerpa - El Nacional - 9/2/2014
La puerta abierta del helicóptero a 300 metros sobre el
nivel del suelo deja ver el caudal imponente del río Caroní. Los
tripulantes contemplan maravillados mientras inspeccionan la cuarta
central hidroeléctrica construida sobre su curso, una de las más grandes
del continente: 87 kilómetros cuadrados de terreno trabajados por
10.000 personas. Uno de los pasajeros comenta: "Estoy contento de
trabajar para usted y para la República Bolivariana de Venezuela. Es un
gran orgullo construir aquí las turbinas Kaplan más grandes y eficientes
del mundo". "¿Algún otro comentario?", le increpa el interlocutor. "No,
nada más, comandante".
La obra que se despliega esa tarde del 18
de enero de 2012 ante los hombres el presidente Hugo Chávez y el
empresario argentino Enrique Pescarmona, presidente de la empresa Impsa
es la central hidroeléctrica Manuel Carlos Piar, en Tocoma (estado
Bolívar). Una promesa queda plasmada entre ellos minutos después,
durante la transmisión televisiva que se hace desde la
construcción:
"El 9 de septiembre (de 2012 )estaremos poniendo en marcha la primera
unidad generadora de Tocoma", dijo Chávez, entonces bajo tratamiento
médico por el cáncer que padecía. El mandatario comprometió así a su
gabinete y al contratista, luego de revelar que su inspección sorpresa a
la vital construcción para mejorar el sistema eléctrico obedeció a que
nadie de su entorno le había informado de las reuniones de una
delegación argentina con varios de sus ministros. "Gracias, Pescarmona y
Julio De Vido (ministro de Planificación de Argentina). En apenas 8
años hemos hecho lo que nunca hicimos en 100 años. Es la unión del sur",
dijo refiriéndose a la alianza política impulsada mediante el convenio
bilateral de 2004.
El hito del 9 de septiembre un mes antes de
las elecciones presidenciales no se cumplió. Hoy en día, la central
eléctrica que ayudaría a paliar los apagones continuos en los Andes y el
resto del país afronta un cierre técnico. En Puerto Ordaz los
contratistas responsables llevan por lo menos 6 meses liquidando
personal y no saben cuándo se reanudarán las obras. La soledad en la vía
hacia la central hidroeléctrica, el cierre del portón de entrada a los
trabajadores y la ausencia de personal en la planta de cemento, las
sedes de los contratistas y la presa confirman la inactividad.
La
obra se planificó para iniciar su construcción en 2007 y ser finalizada
en 2012, a un costo de 3.000 millones de dólares. Debido a la inflación,
las sucesivas devaluaciones, imprevistos y retrasos de los
contratistas, el costo ha escalado más del doble: 7.000 millones de
dólares, según cifra referida en septiembre de 2013 por el ministro
Chacón. El monto incluye la inversión previa a la construcción
(proyección e ingeniería, consultoría, impacto ambiental y gestión
administrativa de Corpoelec), los contratistas principales de la obra
(OIV en la construcción civil) e Impsa (turbinas y montaje), y la
inspección (Consorcio Uriaparí). OIV ha facturado 3.067,4 millones de
dólares e Impsa 1.100 millones de dólares.
Un informe de junio de
2013 de la gerencia de la Ingeniería y Proyectos de Corpoelec señala que
el contratista de la obra civil (el Consorcio OIV, formado por la
brasileña Odebrecht, la italiana Impregilo y la venezolana Vinccler) ha
avanzado 99%. Sin embargo, Impsa (Industrias Metalúrgicas Pescarmona
S.A.I.C. y F.) tiene un logro menor para los trabajos electromecánicos
(construcción y montaje de 10 turbinas), que son el corazón de la
represa. El avance es de 75%. La cifra contrasta con el cronograma de
trabajo manejado por Corpoelec y con lo referido por ingenieros,
inspectores y técnicos del lugar, quienes aseveran que la turbina 1 está
instalada en 60% y tiene defectos que deben corregirse, mientras que la
número 2 no está completa. El resto no está en obra. Por su parte, los
contratistas principales argumentan que el gobierno ha tenido problemas
financieros para terminar de pagar los trabajos. Corpoelec no estaría
dispuesta a pagar montos adicionales derivados del control de cambio e
inflación, señalan fuentes. El Ministerio de Energía Eléctrica no
contestó una solicitud de entrevista hecha vía electrónica para
aclarar el asunto.
Muchos se preguntan cómo escaló el precio de la
obra, por qué hay retraso y quién es el socio del sur al que se le
encomendó una titánica tarea reservada en el pasado a grandes
trasnacionales. En el aire está la promesa de Chávez y Pescarmona,
relanzada por Jesse Chacón, ministro de Energía Eléctrica en mayo de
2013, luego de asumir el cargo. "Esperamos poner en servicio la primera
turbina de Tocoma en abril de 2014", prometió.
Socio por conocer.
Pescarmona que cuenta con 5 proyectos eléctricos adicionales en el país
por un valor de 2 millardos de dólares ganó la licitación convocada en
2006 para fabricar y montar las turbinas de Tocoma frente a las ofertas
de empresas con mayor trayectoria en el ramo (General Electric, Alstom,
Siemens, Marubeni, Sumitono, Hitachi, Mitsui, Vatech, Dong Fang y
Harbin). El anuncio tomó por sorpresa a ingenieros con experiencia en la
construcción del sistema hidroeléctrico del país porque escasamente
habían oído hablar de ella. De hecho, directivos de Edelca recuerdan que
hacia finales de la década de los noventa le rescindieron un contrato
al argentino para unas compuertas en Guri por estar defectuosas.
En
febrero de 2008 el ingeniero sureño firmó contrato y, orgulloso de la
hazaña, envió una carta a Cristina Kirchner, en la que señaló que la
licitación era "un hito tecnológico importante para la empresa y para el
país2, según reseñó La Nación. La mandataria aprovechó un acto de
gobierno para anunciarlo al público, leer la carta a los presentes y
agregar que ese era "el contrato de exportación más grande que haya
hecho la Argentina".
La cuarta joya de la corona de la generación
hidroeléctrica venezolana luego de Macagua, Guri y Caruachi fue
obtenida por Pescarmona luego de años de querer penetrar Venezuela. En
los noventa abrió una empresa de telecomunicaciones con oficinas en
Caracas y Maracaibo y cultivó amistades relacionadas con la
agroindustria, banca, medios y haras. Pero en tiempos de la revolución
bolivariana no le valieron tanto esos nexos como sus buenas relaciones
con el ministro argentino Julio De Vido, estratega de las relaciones
comerciales binacionales, y con argentinos-venezolanos vinculados a
negocios mineros de la Corporación Venezolana de Guayana.
De esa
forma, en 2004, Impsa obtuvo la repotenciación de la represa Macagua,
después de participar en la primera rueda de empresarios argentinos en
Venezuela. El diario La Nación indicó que el contrato se logró a través
de José Ernesto Rodríguez, quien había sido gerente de Desarrollo de
Impsa y representante en ese país del Banco Guayana. "El contrato de
Macagua no fue licitado. Fue adjudicado directamente luego de un acuerdo
entre Chávez y Kirchner. Se ignoró a la junta directiva de Edelca y sus
protocolos sobre contrataciones", dijo Víctor Poleo, ex viceministro de
Energía y Petróleo en 2001. Rodríguez también fue presidente de Madero
Trading, una empresa argentina que, junto a otra de nombre Palmat, fue
investigada en 2010 por el juez de ese país, Julián Ercolini, por el
supuesto cobro de sobornos entre
2005 y 2009 a empresarios sureños interesados en hacer negocios en Venezuela.
La
entrada a proyectos de infraestructura en el país tuvo un costo para
Pescarmona, oriundo de la provincia de Mendoza: debió bajar su tono
crítico contra las políticas populistas de los Kirchner, para poder
ganar la anuencia de De Vido. Una vez amarrado los contratos en el
Caroní, el empresario apuntó al epicentro de la economía venezolana,
Pdvsa, y no escatimó en llamadas a los protagonistas tras bastidores de
la conexión Buenos Aires-Caracas. Guido Antonini fue uno de ellos.
"Estuve en su oficina. Él (Pescarmona) me preguntó sobre mi trabajo, si
podía ayudarlo a contactar gente importante en Venezuela", le declaró en
2011 Antonini al diario La Nación, luego de que estallara el escándalo
de la valija con 800.000 dólares. Al ser consultado, Pescarmona negó al
diario argentino la reunión. El empresario no entró en negocios directos
con Pdvsa, pero en 2010 obtuvo otros contratos hidroeléctricos (la
central La Vueltosa en Táchira y la central Jose Antonio Páez en
Barinas), que avanzan lentamente, y uno eólico en Zulia, a medio
terminar. Coincidiendo con el declive de Tocoma, a mediados de 2013
Corpoelec le suspendió un contrato ya firmado para fortalecer la
transmisión desde Guri al resto del país.
En diciembre Pescarmona
estuvo en Caracas, pero no se reunió con ningún funcionario, confirmaron
sus portavoces en Caracas. "Hoy hay una paralización real de las obras
en Tocoma por parte del contratista civil, de inspección y
electromecánico porque Corpoelec tiene un problema de pagos con
nosotros. Pescarmona está al tanto, pero no vino a dar ninguna
instrucción específica", reconoció a El Nacional Tomás Roby, gerente de Impsa Caribe.
La
parálisis. A 70 kilómetros al sur de Puerto Ordaz y sobre el margen
occidental del Caroní está la obra de Tocoma. Los militares que
custodian la entrada principal conversan relajados con unos
trabajadores. A la derecha, un cartel lleva la cuenta -desactualizada-
de las metas acumuladas de concreto y terraplén trabajado. Es la
antesala de una vía de 3 kilómetros paralela a la presa que conduce a
los monolitos, estructuras gigantescas de concreto donde se alojan las
turbinas.
"A Impsa le quedó muy grande Tocoma", opina un ingeniero
venezolano que hasta diciembre trabajó con la empresa. Como el resto de
los consultados, prefiere no dar su nombre para proteger su futuro
laboral. "La turbina 1 la tuvieron que desarmar porque las ménsulas
vibraron", añade. Otro trabajador explica que el desperfecto ocurrió
porque la estructura donde reposa no está bien alineada. "No hay ningún
vicio que no sea corregible", dijo Roby. La turbina 2 está colocada en
la fosa, pero no está instalada.
Entre 2008 y 2012 la obra tuvo
varias reprogramaciones y un "aceleramiento" por el cual Corpoelec
acordó pagar 300 millones de dólares adicionales a Impsa. El objetivo
era incorporar rápidamente más energía al sistema, debilitado por la
crisis eléctrica de 2010. En 2012 la presión del gobierno por inaugurar
era tan grande que se pensó en colocar un mecanismo externo a la turbina
para que girara. "Era un show que querían montar para cuando se
transmitiera el acto por televisión", dijo un inspector de la obra. Roby
lo niega.
"No fue un engaño. La primera turbina se bajó al pozo y
estuvo lista.Se hizo un ensayo en seco, sin turbinar agua, pero no se
pueden empezar las pruebas definitivas si el lago no está inundado".
Esa parte del trabajo corresponde a OIV, agregó. Las opiniones dentro de
la obra también apuntan a ese consorcio. "Las casas de máquinas no
estuvieron listas para instalar los equipos electromecánicos", señaló un
trabajador.
Impsa asegura que la falta de pagos de Corpoelec es
el principal obstáculo de la obra. "Esto se enrareció hace más de un
año, cuando dejaron de pagar. A Impsa le deben 50 millones de dólares".
La cifra contrasta con lo que se ha facturado: 1 millardo de dólares
desde que firmó el contrato en 2008.
Agrega que sólo se reunió con
Chacón en una oportunidad. El ministro no se ha referido a la empresa
argentina sino para decir en mayo que están discutiendo reconfigurar
su contrato.
Fuentes de Odebrecht y del Consorcio Uriaparí
(contratado para la inspección) confirman que el gobierno ha dejado de
pagar. Indican que al primero le deben 1,6 millardos de dólares, al
segundo 138 millones de bolívares. En diálogo con trabajadores y
representantes del Ministerio del Trabajo, funcionarios de Corpoelec han
explicado que la razón es que el Fondo de Desarrollo Nacional no ha
hecho las transferencias requeridas.
Un elemento clave en la
desaceleración de los trabajos de Impsa se debe a la salida de uno de
sus contratistas de la obra, en 2013, la empresa japonesa HPC, filial de
Hitachi, encargada del montaje de las turbinas. Fuentes en Puerto Ordaz
indican que HPC despidió alrededor de 150 personas, pero Corpoelec le
solicitó no retirar su maquinaria porque espera que culmine el montaje
en otras condiciones. La compañía nipona se excusó en hablar del asunto,
a través de un correo electrónico.
La solución que visualiza
Impsa, dice Roby, es ³la redefinición de cronogramas y ver qué pagos
acompañan ese proceso². Una alta fuente del Consorcio OIV indicó:
³Seguimos en la obra con un equipo de contingencia.
Trabajamos
junto a Corpoelec y bancos de Venezuela en busca de una solución
financiera para el pago de la deuda de modo de concluir este importante
proyecto para el país². Indicó que el gobierno les debe 774 millones de
dólares. En Puerto Ordaz no ven inauguración antes de 2016. Corpoelec
tiene la palabra.
Mano de obra extranjera
Industrias
Metalúrgicas Pescarmona S.A.I.C. y F. (Impsa) ha contratado varias
empresas en el extranjero para fabricar las complicadas piezas de las 10
turbinas Kaplan de 216 MW, las más potentes de ese modelo. Las 8
turbinas que restan para instalar en la central hidroeléctrica de Tocoma
están embaladas por piezas en los talleres de sus contratistas en China
y República Checa, indicó una fuente que trabajó hasta hace un mes en
la empresa. También se encuentran en los galpones de trabajo
metalmecánico de la compañía en Mendoza (Argentina) o en las aduanas
venezolanas.
"Hace unos meses el rotor de la máquina 10 estaba
embalado en República Checa para su despacho, igual el eje superior, que
estaba en Argentina con los álabes puestos", indicó la persona. La
razón de que no estén en la obra es que la empresa no ha querido
despachar los materiales hasta resolver las diferencias de los pagos que
Corpoelec le adeuda. La corporación, entretanto, alega puertas adentro
que ya ha pagado la totalidad del proyecto y que los cobros adicionales
por inflación y devaluación de la moneda no corresponden.
El
estancamiento de la situación ha hecho que muchos trabajadores se estén
acogiendo a la oferta de Impsa de una liquidación doble, mientras otros
han regresado a Argentina y Brasil. Si la situación no se resuelve antes
de mayo, señala un ingeniero, la empresa introducirá ante el Ministerio
del Trabajo una solicitud de culminación de contrato para poder
liquidar al personal de manera sencilla.
