Las cuentas del rey

Editorial de El Nacional - Caracas 02/01/2012

La inmediata decisión del rey de España de separar al duque de Palma de toda ceremonia oficial por estar nvolucrado en manejos cuestionados por la justicia y en vías de procesamiento, es un claro mensaje para los españoles: la corona no será burladero

El rey de España ha dado estos días ejemplos que los pueblos no pueden dejar pasar inadvertidos porque se vinculan directamente con la transparencia de las instituciones, sean monárquicas o republicanas, y el prestigio personal de sus representantes. Este es un aspecto sensible de la política contemporánea. La gente reclama el derecho de conocer el destino de los dineros públicos, y mientras más arduas sean las condiciones que la crisis económica le impone, ese reclamo se hace más persistente.

Uno de los ejemplos del monarca español fue la inmediata decisión de separar al duque de Palma, casado con una de sus hijas, involucrado en manejos cuestionados por la justicia y en vías de procesamiento, de toda ceremonia oficial. Claramente, el rey les ha dado a los españoles un mensaje, la corona no será burladero.

El otro ejemplo tiene que ver con el manejo del presupuesto que el Estado destina a la casa real, y que por su decisión se ha hecho del dominio público. El rey recibe 292.000 euros al año, 140.000 como salario, y el resto como gastos de representación. El príncipe de Asturias recibe 146.000 euros anuales. Ambas asignaciones están sometidas al pago de impuestos, de 40% y de 37% respectivamente, lo cual indica que lo disponible es considerablemente menor.

Con todo lo penoso que pudo significar para el personaje referirse indirecta, pero evidentemente, al asunto de la honradez en el manejo de fondos públicos en su Mensaje de Navidad, Juan Carlos dio otro gran ejemplo. Así lo reconocieron los españoles, el Parlamento, los partidos, y la opinión pública. Como lo han advertido los medios españoles, el monarca no está obligado legalmente a rendir cuentas.

No obstante, la cuestión va más allá de lo estrictamente legal, y así fue comprendido. La rendición de cuentas en nuestra época es condición indispensable del sistema democrático, sea cual fuere su forma constitucional. Una monarquía parlamentaria como la española está lejos de ser un espejo lejano del absolutismo decimonónico.

La reflexión que el episodio suscita es obvia. Ni monarcas ni jefes de Estado republicanos pueden evadir lo que es un clamor generalizado de la política contemporánea. Quien rehúse comprender estas prioridades de la ética, contribuye de manera temeraria al desprestigio de la institución o instituciones que representa.

En la era de la informática, la transparencia es un requisito imposible de evadir. No es sólo un requerimiento de la confianza colectiva, sino de la moral que el ejercicio público demanda. No basta rasgarse las vestiduras, hay que ir a los hechos, a las prácticas consustanciales de la democracia.

Ni monarquías constitucionales ni repúblicas, ningún sistema político abierto, puede invocar excepciones en nuestra época.

De ahí la validez del ejemplo del rey de España. Transparencia es la palabra de orden. Y nadie puede suponer que está exento de cumplir con un requisito tal vital del orden democrático.