Es natural la tendencia a pasar la página de un acontecimiento del cual no queremos hablar por diversas razones. Y ello conduce a tergiversar la historia o a inventar justificaciones. Esto ha ocurrido con la historia de CAP y uno de sus capítulos más bochornosos, del cual se impone inferir alguna enseñanza.
A mí me correspondió compartir el doloroso trance de su degradación política o la imposición de la pena de infamia sin proceso y sin garantía alguna de defensa efectiva. Se utilizó el "aparato de la justicia penal" para perpetrar el linchamiento político de un hombre caído en desgracia, bajo el alegato de que era necesario sacrificarlo por la democracia, bajo el dictamen de expertos resentidos o bajo el argumento, sin respaldo probatorio, del clamor popular, que simplemente fue silenciado por los intereses del momento.
Nadie recuerda ahora que CAP fue acusado por malversación y peculado, figuras excluyentes que implican la utilización indebida de fondos del Estado para beneficio particular o público y se menciona la cifra de 250 millones de bolívares de la partida secreta que hoy día apenas alcanza para comprar un automóvil.
Nadie parece recordar que el cargo fundamental que, en definitiva, se formuló, no fue otro que haber financiado una misión policial que viajó a Nicaragua para contribuir con la seguridad personal de la presidenta electa Violeta Chamorro, contando con la anuencia de todas las fuerzas políticas de ese país.
La sentencia absolvió a CAP por el delito de peculado, a tal punto inexistente que, en su desesperación, el Fiscal General hizo referencia a un sedicente "peculado espiritual". Y la condenatoria fue tan absurda que la malversación se habría configurado por una ayuda a Nicaragua que respondía a la seguridad y resguardo del sistema democrático en el continente.
Pero hay más: la acusación del Fiscal no fue remitida al acusado y, sin oírlo, la Corte declaró que había méritos para enjuiciarlo; sin debate alguno, el Senado autorizó el proceso; y, por si fuera, poco, el sometimiento a un proceso penal, a los 90 días, se consideró como falta absoluta, acordándose su destitución de la Presidencia como pena anticipada. Este remedo de proceso solo perseguía la defenestración de un Presidente elegido por el pueblo, para satisfacer las exigencias de los complotados contra la Constitución y que, sin recurrir a las armas, encontraron el fácil expediente de la pretendida invocación de la legalidad.
A pesar de todo esto, CAP se sometió al simulacro procesal; asumió su responsabilidad por respeto al sistema democrático; y cumplió efectivamente una pena que no le correspondía.
Debe afirmarse que en el caso CAP no funcionaron las instituciones. Sencillamente, el Poder Judicial fue manipulado y utilizado como pieza de una "trampa jurídica" que permitió llevar a cabo una aberrante venganza política, con la manifiesta violación a los derechos de los acusados, como fue reconocido por la Comisión y la Corte Interamericana de los Derechos Humanos, en los casos de Reinaldo Figueredo y de Oscar Barreto Leiva, víctimas olvidadas del atropello jurídico revestido de aparente legalidad.
Alberto Arteaga Sánchez ~ El Universal 12/10/2011
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