Venezolanos: El petróleo en tu bolsillo

JEAN-PAUL LEIDENZ FONT |  EL UNIVERSAL

martes 20 de agosto de 2013  

Pronto nuestro país cumplirá 100 años de explotación petrolera desde aquél reventón en Zumaque I el 31 de julio de 1914. Durante años, la industria fue percibida como un "enclave extranjero" de cuyos asuntos la sociedad venezolana estaba excluida más allá de la recaudación de impuestos. Las tensiones a que esa percepción dio lugar, nos acompañan hasta el día de hoy. El discurso político aún se enmarca en el anhelo de controlar nuestro principal recurso natural, incluso tras la estatización del petróleo en 1976.

"El petróleo ahora es de todos" suelen decir, no sin que algún vivo agregue "pero no es de nadie... " . El control estatal de las actividades extractivas no garantiza que el manejo de la renta petrolera sea eficiente, considerando el bienestar de todos a largo plazo. La renta remanente de la venta de crudo, una vez remunerados factores productivos incluyendo al capital, puede ser utilizada contra nuestros intereses incluso en manos del Estado.

Un gobierno en ejercicio tendrá incentivos para gastar más allá de lo razonable, a fin de garantizar su permanencia en el poder. Los intereses de generaciones futuras quedan muy remotos en las preferencias del político, ante la inminencia electoral. Además, una ciudadanía que percibe la renta como un maná proveniente del Estado, poco reclamará un uso eficiente. 

Cada elemento se refuerza: un gasto público ineficiente y volátil da lugar a crecimiento económico bajo e inestable, con poca inversión privada, profundizando la dependencia de la economía al Estado. Una ciudadanía dependiente no puede sostener instituciones fuertes que limiten y vigilen el uso de la renta. De este modo el petróleo sigue siendo distante. 

Si bien podría señalarse al ahorro como alternativa, bastaría observar el triste saldo del Fondo de Estabilización Macroeconómica (US$ 3 MM) o el Fondo de Ahorro Intergeneracional. Insignificantes desde todo punto de vista. Si el ciudadano no se siente perjudicado directamente cuando se sustraen recursos, los fondos siempre permanecerán vacíos.

El punto crítico del espiral perverso, es una asignación difusa de derechos de propiedad. Una solución tentativa es entregarle una porción de la renta a cada ciudadano, directa y universalmente.

Podría considerarse el reparto a través de un fondo de ahorro soberano en el extranjero, alimentado por los aportes fiscales de la industria. La entrega de una porción del principal recurso más rendimiento, deducida de impuestos, se realizaría en cuentas personalizadas por cada ciudadano (Rodríguez & Rodríguez, 2012). Otra opción, de menor magnitud, consistiría en crear fondos separados con propósitos etiquetados, hasta alcanzar un monto óptimo que permita el financiamiento íntegro y permanente de programas sociales con su retorno. Dichos programas, deberían consistir en distribución directa de beneficios.

En todo caso, si queremos resolver el centenario dilema político venezolano, conviene explorar nuevas alternativas. Acerquemos el petróleo al ciudadano, 100 años bastan.

Investigador del Centro Internacional de Energía y Ambiente del IESA

jean.leidenz@iesa.edu.ve

Venezuela condenada al ostracismo petrolero

JOSÉ TORO HARDY |  EL UNIVERSAL

martes 20 de agosto de 2013  

En un artículo reciente explicaba la importancia que tendrán los grandes descubrimientos de petróleo y gas de esquisto (shale oil y shale gas) en EEUU. Con el desarrollo de esta nueva tecnología se pueden extraer mediante fracturación (fracking) los hidrocarburos atrapados en los poros y las capas de las rocas sedimentarias. EEUU pronto será el mayor productor de petróleo del mundo.

La teoría del Peak Point, según la cual la demanda mundial de petróleo seguiría creciendo pero la producción habría alcanzado un punto pico, se ha derrumbado estrepitosamente. 

Las tecnologías para la explotación del petróleo de esquisto tendrán un fuerte impacto geopolítico al independizar a muchos de los mayores consumidores de petróleo de las inestabilidades que experimentan muchos de los mayores productores.

En pocos años EEUU no necesitará importar petróleo. Incluso podría transformarse en un exportador. Solamente abastecedores seguros como Canadá y México mantendrán una presencia en ese mercado. 

Venezuela hubiese podido estar en esa lista, ya que había sido capaz de desarrollar una envidiable integración vertical que le permitía llevar el petróleo desde el subsuelo venezolano hasta los tanques de gasolina de los consumidores estadounidenses, después de haberlo producido, refinado y transportado en oleoductos o en tanqueros venezolanos y procesado en refinerías propias -ya fuese en nuestro territorio o en EEUU- para ser distribuido por Citgo (que le pertenece 100% a Pdvsa) a través de un extenso número de estaciones de servicio abanderadas con esa misma marca. En medio de esa integración vertical, éramos capaces de agregar valor en todos los eslabones de la cadena y garantizarnos una posición y una participación importante en el mayor mercado mundial.

Sólo la increíble torpeza de quienes dirigen nuestra política petrolera está logrando destruir un modelo que era la envidia del mundo entero.

Pero una nueva noticia con profundas implicaciones geopolíticas viene a introducir cambios aún mayores en los mercados energéticos y en la compleja situación del Medio Oriente: Israel ha encontrado grandes reservas de petróleo y gas de esquisto.

Ha descubierto megayacimientos de gas llamados "Leviatán" y "Tamar" en altamar, frente a las costas de Haifa.

Como si lo anterior fuera poco se han completado los estudios geológicos y geofísicos en la zona Sur de Israel, encontrándose vastas reservas de petróleo de esquisto (shale oil) atrapadas bajo las capas de rocas en prácticamente un 15% del territorio israelí, que pueden ser extraídas mediante las mismas técnicas de fracturación (fracking). Algunos estiman que las reservas económicamente explotables podrán alcanzar los 250.000 millones de barriles. Eso colocaría a Israel al nivel de Arabia Saudita. Habrá que vencer algunos obstáculos tecnológicos, para lo cual los judíos siempre han estado particularmente bien calificados.

China, Rusia y las más importantes petroleras del mundo están manifestando interés en estos nuevos desarrollos, así como en las oportunidades de inversión en muchos otros sectores que se abrirán en Israel.

Mientras tanto, ¿qué impacto tendrían todos estos acontecimientos en el equilibrio geopolítico y económico del Golfo Pérsico y del mundo? 

Algunos están a la vista:

-Irán quedaría aún más aislado y concentrará sus exportaciones petroleras a China.

-Por razones de distancia y economía, la producción petrolera de los países árabes que queden fuera del mercado americano se dirigirá fundamentalmente hacia China y otros países asiáticos.

-El mercado chino está limitando su ritmo de crecimiento. La misma China tiene enormes reservas de petróleo de esquisto, que aún no ha podido desarrollar.

-La posición de Israel se verá sensiblemente fortalecida y es probable que sus exportaciones petroleras sean transportadas a través del Mediterráneo hacia los mercados europeos, donde competirá con el petróleo y el gas rusos.

-El gran perdedor podría ser Venezuela que ha venido renunciando absurdamente al mercado estadounidense. Sus perspectivas son: a) ya no será competitivo en China ni Asia; b) le resultará difícil competir en Latinoamérica con la creciente producción petrolera del Brasil. 

Es difícil explicar la suma de errores que se han venido cometiendo en Venezuela. Sus esfuerzos por resucitar una ideología que ya había fracasado en el mundo, lucen ahora como una pesada ancla atada a su cuello que la arrastra al borde de un abismo.

pepetoroh@gmail.com @josetorohardy

La inmunidad de Mardo

GERARDO BLYDE |  EL UNIVERSAL

26 de julio de 2013  

La inmunidad parlamentaria es la protección de la que goza un diputado para impedir que sea sometido a la justicia ordinaria, dada la representación popular que ejerce. Antes de proceder a su enjuiciamiento y/o detención, en caso de que se le impute la comisión de un delito, debe cumplirse una serie de pasos previos.

Cuando en el año 2000 nos tocó, junto al hoy fallecido diputado Alejandro Armas, la redacción de esos artículos del Reglamento de Interior y de Debates (estrenándose tanto la Constitución como la AN) entendimos, con meridiana claridad -como reiteradamente lo ha expresado la doctrina, el derecho comparado y el derecho patrio-, que las figuras de allanamiento de la inmunidad, separación del cargo y permisos temporales eran completamente distintas. 

El permiso puede solicitarlo un diputado para atender problemas de salud, por motivos de viajes -personales o de representación parlamentaria- o, incluso, por cualquier otro motivo justificado (intenso dolor por pérdida de un familiar). 

La separación del cargo consiste en una sanción disciplinaria contemplada en la Constitución cuando el cuerpo considere que el diputado ha cometido una falta de importancia (entrar armado a las sesiones, caerle a golpes a otro diputado, como ejemplos). 

La separación del cargo suspende al diputado del ejercicio de sus funciones por un tiempo determinado, por ello el constituyente consideró que para que pueda operar se requiere de una mayoría calificada de 2/3 partes. Cuando reglamentamos este artículo consideramos que el cuerpo podía suspenderle el derecho de palabra al diputado hasta por 30 días, lo limitamos sólo a eso, pues la representación popular que ejerce es mucho más importante que la falta que pueda cometer. No establecimos otras sanciones y tampoco lo ha hecho el oficialismo en las sucesivas reformas que ha sufrido el reglamento para limitar el ejercicio parlamentario.

El allanamiento consiste en la autorización que da el Parlamento para que se inicie el juicio de un diputado, no implica la pérdida de su condición de diputado, ni restringe su pleno ejercicio. La presunción de inocencia y el derecho a la defensa deben ser preservados, por lo que no pueden ni el TSJ al solicitar el allanamiento, ni la Asamblea al acordarlo, suspenderlo del cargo e inhabilitarlo. Simplemente se le despoja del fuero para que enfrente el proceso judicial y se defienda de las imputaciones que se le hacen, pero debe seguir en ejercicio del cargo en respeto también a la soberanía popular.

La sentencia del TSJ que autorizó el enjuiciamiento del diputado Richard Mardo y que, a su vez, solicita a la AN el allanamiento de su inmunidad, haciendo gala de una gran ignorancia de la materia parlamentaria y de los límites constitucionales de un antejuicio de méritos, comete, en su parte dispositiva, excesos inconstitucionales y violatorios también del Reglamento de la AN (que tiene rango de ley). Acude la sentencia al artículo 380 del COPP y señala que, de ser allanada la inmunidad del diputado Mardo, quedará -por mandato de esta disposición- suspendido de su cargo e inhabilitado para ejercerlo. Este artículo es anterior a la entrada en vigencia de la Constitución y, al menos en lo referente a los diputados, por ser ley general no es aplicable. La ley especial de los diputados es el Reglamento Interno de la AN que, además, es posterior. Ignoró el TSJ dos principios básicos de derecho: "ley especial priva sobre ley general" y "ley posterior anula ley anterior". El allanamiento de la inmunidad no lleva consigo los efectos de separación del cargo ni de inhabilitación. De manera contradictoria, la propia Sala Constitucional ha señalado que cuando se trata de cargos de elección popular, la inhabilitación de un funcionario sólo comenzará cuando cese el período para el cual fue electo.

Basados en la solicitud inconstitucional del TSJ, la fracción oficialista se apresta el próximo martes a allanarle la inmunidad a Mardo con simple mayoría (como lo han anunciado) y a aplicarle los efectos de separación del cargo para lo cual se requiere de mayoría calificada de dos tercios. 

De darse, este precedente sepultará la institución de la inmunidad parlamentaria, evadiendo vulgarmente la mayoría calificada constitucionalmente requerida para separar a un diputado de su cargo, aplicándole penas anticipadas, sin una sentencia condenatoria judicial firme. Sepultados también quedarán la presunción de inocencia, el debido proceso y el derecho a la defensa. Enterrarán también su propio Reglamento Interno, que es su ley especial.

Vale recordarles a los diputados que piensan votar el martes tal exabrupto jurídico aquel viejo adagio que reza: "cuando veas las bardas de tu vecino arder, pon las tuyas en remojo".

gblyde@gmail.com / @GerardoBlyde

Universidades

FRANCISCO JOSÉ VIRTUOSO SJ |  EL UNIVERSAL

jueves 23 de mayo de 2013  

La universidad pública venezolana atraviesa una grave crisis que amenaza con llevarla a la muerte. El salario mensual de un profesor universitario que ingresa como instructor apenas supera el salario mínimo y un titular gana apenas el doble de eso. Las comparaciones establecidas con sus pares en el mundo son realmente escandalosas e indican claramente la poca importancia que se concede en el país a la profesión docente universitaria. 

Las diversas federaciones sindicales que agrupan al gremio docente universitario se han declarado en huelga y su protesta pública nos ha servido para tomar conciencia de este grave desequilibrio. Es necesario que en toda la sociedad nos hagamos eco de sus exigencias y desde nuestras respectivas posiciones nos solidaricemos con ellas. Porque lo que está en juego es la muerte por inanición de nuestras universidades. Es obvio, que nuestro talento docente se vea obligado a explorar otras posibilidades profesionales o busque en otros países lo que no consigue en su tierra. 

Pero el problema va más allá de la remuneración salarial de los docentes. La universidad como institución es costosa si quiere alcanzar niveles adecuados de calidad. Se requieren laboratorios adecuados, infraestructura tecnológica, acceso a bases de datos bibliográficas, mantenimiento de infraestructuras, intercambios internacionales con otras universidades, publicaciones, etc. 

Adolecemos en Venezuela de una auténtica política de financiamiento público a la actividad universitaria. El crecimiento de la oferta de instituciones universitarias que hemos visto en los últimos años no ha hecho más que agravar el problema porque ha aumentado innecesariamente los costos. Es mucho más viable potenciar las capacidades del parque universitario existente que inventar la creación de otras muchas universidades. Quizás en algunos casos se justifica pero la sana lógica de racionalización de recursos requería una mejor planificación del sector universitario. 

La juventud de nuestro país demanda oportunidades de capacitación y posibilidades para el desarrollo de su talento. Quiere universidades de calidad, donde consigan talento que estimule la búsqueda de conocimiento y condiciones adecuadas para capacitarse profesionalmente. 

Tenemos un nuevo ministro en la cartera de educación superior. Los universitarios quisiéramos que nos oyera, que escuchara sin gríngolas ideológicas las necesidades del sector, que atendiera las demandas de quienes constituyen el corazón de la vida universitaria que son sus docentes e investigadores y considere las expectativas reales de nuestros estudiantes, que demandan educación de calidad.

fjvirtuoso@ucab.edu.ve

¿La última crisis?

VÍCTOR MALDONADO C. |  EL UNIVERSAL

lunes 6 de mayo de 2013  12:00 AM

Lo último que entienden los socialismos es que la política se vive desde la economía. Dicho de otra forma, las promesas de bienestar, igualdad y felicidad que se gritan desde la esquina de la demagogia y los populismos, siempre terminan siendo ecos luctuosos en la cotidianidad de la gente. La inflación más alta de América Latina, y la más crónica; la escasez que se expande desde los rubros más demandados hasta los más exóticos; el desempleo que ya no logra encubrirse detrás de los ineficientes faldones de las misiones, grandes y pequeñas; y la ausencia de vigor inversionista, son una lista incompleta de lo que está sufriendo la gente y contradiciendo el discurso político que dibuja un país totalmente ajeno a lo que viven y sufren los venezolanos.

La calle está llena de evidencias contrarias a ese país feliz que se difunde desde el sistema de medios públicos: los salarios que mezclados con el creciente costo de la vida resultan ser siempre insuficientes; la depauperación del empleo, ahora atascado por la peor legislación laboral del mundo; la debacle de los servicios públicos, su mal servicio, su pésima administración, que hace que todos vivamos pendientes de la luz que se apaga, del agua que cuando viene está sucia, de las cloacas que se tapan, de los huecos de las calles, de los taludes que se derrumban, y de hospitales sin equipos y sin talento médico disponible. Todos sufrimos el derrumbe del sistema de empresas públicas, arruinadas, maltratadas, improductivas e incapaces de resolver problemas económicos de poco calado. Y la inseguridad, que no es otra cosa que falta de policías, de políticas públicas sensatas, de modelaje a favor de la honestidad y el cumplimiento de la ley. Las calles de todas nuestras ciudades están llenas de la vivencia masiva de esta lista de calamidades que pesa sobre los venezolanos y que tienen un culpable con el que no se puede transigir y negociar nada: el socialismo del siglo XXI.

Este socialismo es ideología, sus administradores y sus compromisos. Con este trío no puede haber ninguna negociación. La ideología hay que repudiarla por insensata y falaz. Los administradores de esta economía han arruinado el país y merecen un relevo inmediato. Y ese afán por favorecer primero a los de afuera, y después, si sobra, a los venezolanos, es un insulto a la soberanía, pero ahora, además es un crimen. Invocar la solidaridad de los pueblos y financiarla con las penurias de los venezolanos es repudiable e infamante.

Este modelo solo se puede conjugar con las largas colas, con la desazón de la conformidad y la nula explicación de por qué solo nosotros vivimos esta infeliz condición de estar racionados en nuestra vida, en nuestras opciones, en nuestra libertad. Este modelo está corrompido, no sirve, nunca sirvió ni para garantizar reservas internacionales apropiadas, pero tampoco para proveernos el abastecimiento del país, su soberanía alimentaria o el control de la inflación. El socialismo del siglo XXI es un fraude que decanta desde la política el colosal fiasco que vivimos todos en nuestra economía diaria, y que nos encadena a no poder decidir, sino a conformarnos con lo que hay, o intentar una búsqueda frenética de lo que escasea o simplemente ya no existe.

Esta economía es el resultado más conspicuo de la política que se ha envilecido hasta ser secreto, corrupción, represión y afrenta constante, como si todos debiéramos compartir esa gran locura que se niega a reconocer la realidad, y que nos amenaza con cualquier tipo de muerte si no damos por buena la exultante versión oficial, donde no pasa nada, donde todo es melcocha y felicidad.

El socialismo es siempre un déficit de capacidad de cálculo económico donde no es posible estimar costos, precios, salarios o productividad. No se resuelve con un mayor flujo de dólares alentando una marea de importaciones que extermina la producción nacional, asolada además por la falta de competencia. Su imposibilidad no tiene que ver con subastas o aflojamiento de los controles. Este modelo es radicalmente irresoluble y nunca obtendrá los resultados que anuncia. Es fatal que termine siendo lo que es: un inmenso caos donde no hay racionalidad alguna que permita hacerlo predecible, porque no hay burócrata, por más iluminado que sea, que pueda hacerlo mejor que la conjugación de los esfuerzos y el trabajo de una sociedad que viva libre, respete la ley y quiera ser el producto de su propio esfuerzo. 

Viviremos en crisis hasta que le perdamos el miedo a la libertad. 

cedicece@dice.org.ve

@cedice

En defensa de las ONG

FERNANDO M. FERNÁNDEZ |  ESPECIAL PARA EL UNIVERSAL

viernes 3 de mayo de 2013  

Las Organizaciones No Gubernamentales (ONG) venezolanas dedicadas a la defensa de los derechos humanos y toda persona jurídica privada corren peligro: pueden ser disueltas por causa de una acusación falsa o errónea, mientras que las bandas criminales y terroristas locales no pueden ser desmanteladas de forma legal, debido a las normas expresas y omisiones de la Ley Orgánica contra la Delincuencia Organizada y el Financiamiento del terrorismo (LOCDOFT).

Como producto de las gestiones del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) sobre Venezuela, se hizo la reforma de la Ley Orgánica Contra la Delincuencia Organizada en 2012, legislación que ya existía en Venezuela desde 2005. 

También la Organización de Naciones Unidas (ONU), por medio de los mecanismos previstos en los tratados contra la delincuencia organizada transnacional y en contra del terrorismo y su financiamiento, fue importante en esta reforma. 

Uno de los errores legislativos cometidos en Venezuela ha sido el de constituir la Ley Orgánica Contra la Delincuencia Organizada en un instrumento de persecución penal, en apariencia antimafia y antiterrorista, dedicado a las actividades indicadas por el Grupo de Acción Financiera Internacional y la ONU, pero, de forma insólita prevé normas que no sirven al objetivo central de defender la economía formal del Estado y de la sociedad civil. Lo adecuado debió ser responsabilizar a personas jurídicas solo cuando sean fachadas de mafias o grupos terroristas o que, en sí mismas, se dediquen a estas actividades ilícitas, de acuerdo con estándares internacionales. Así las cosas, el camino para sancionar penalmente a una o todas las ONG consiste en hallar o sembrarles cualquier delito que imputarle y, zás, liquidarla. 

Para entender este asunto basta un ejemplo: según me cuentan alumnos, en el estado Carabobo existe una banda llamada "Los Sanguinarios". Si el Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (Cicpc) quisiera desmantelarla y obtener el apoyo del Ministerio Público y este la aprobación de algún Juez Penal para lograr alguna medida o pena, no tendría asidero legal alguno. Pero, si eso ocurre con alguna persona jurídica privada (ONG, empresa, sindicato, partido, gremio o fundación) la Ley Orgánica Contra la Delincuencia Organizada tiene todas las penas posibles para hacerlo. 

Mi experiencia de 50 años ligado a ONG de todo tipo (asociaciones de vecinos, grupos de electores, derechos humanos, de participación ciudadana, gremios profesionales, etc.) me ha hecho concluir que quienes hacen vida en ellas son personas esencialmente altruistas, sin ideología política definida, más allá de querer que se respete la Declaración Universal de Derechos Humanos, abogan por el Estado de Derecho y de Justicia, por una sociedad justa y equilibrada. 

Por eso, atacar a las ONG de derechos humanos es tan grave como atacar a los periodistas por llevar el mensaje, a los abogados por defender a sus clientes, al sacerdote por dar misa o al médico por curar enfermedades.

En fin, opino que hay que apoyar y defender a las ONG de los ataques injustos que se les hagan.

*Profesor de Derechos Humanos, Criminología y Derecho Penal 

La ausencia indefinida

 EL UNIVERSAL

3 de marzo de 2013  

Desde el año pasado la salud de Chávez y la posibilidad de que no pudiera asumir el 10 de enero, día en que le correspondía tomar juramento para un nuevo mandato, el tema jurídico y las vías  constitucionales para resolver la complicada coyuntura subieron a la cima del debate público. No obstante, el primer escenario ya fue resuelto por el Tribunal Supremo de Justicia, de manera poco ortodoxa, declarando la continuidad administrativa. Es decir, Chávez gobernaba, luego Chávez debe seguir gobernando.

En este momento quedan dos opciones, en principio. Primero, si se trata de una falta temporal y, conforme al artículo 234 de la Constitución, las faltas temporales del Presidente son suplidas por el Vicepresidente Ejecutivo hasta por 90 días, prorrogables por otros 90 días, por decisión de la Asamblea Nacional.

Segundo, en el caso de una ausencia absoluta, según el artículo 233 de la Constitución, conforme al cual, cuando la falta absoluta del Presidente  se produzca antes de cumplir los primeros cuatro años de mandato, se debe encargar de la primera magistratura al Presidente de la Asamblea Nacional, hasta que se proceda a la elección de un nuevo presidente, dentro de los treinta días consecutivos siguientes.

Pero hay una realidad paralela a lo jurídico que impone un paso diferente. El Presidente va para tres meses sin aparecer públicamente y la vida pública nacional se desarrolla en medio de un juego comunicacional en el que la figura del jefe de Estado se ha reducido a una historia, a una narración, a un momento descrito por sus colaboradores. Nada de contacto directo y menos de comunicación directa con los ciudadanos.

Como se dijo antes, el Tribunal Supremo de Justicia decidió continuar el mandato de Hugo Chávez, manteniendo un precario hilo constitucional. No obstante, alargar esta extraña figura pudiera llevar a otra situación más polémica todavía: la ausencia indefinida, a todas luces un estado anormal y definitivamente inconstitucional que no es sostenible en el tiempo y, a la larga, con profundo impacto internacional.

La voluntad popular

 EL UNIVERSAL

1 de marzo de 2013  

El Vicepresidente Ejecutivo de la República no es un funcionario de elección popular. Nicolás Maduro fue designado  por  el presidente, Hugo Chávez Frías, quien está ausente del país desde el 11 de diciembre del año pasado sin ofrecer declaraciones a los medios o encabezar actos oficiales. Solo dos poderes públicos son escogidos en elecciones por los ciudadanos: el Poder Ejecutivo y el Poder Legislativo. De allí la lógica Constitucional en cuanto a que si se produce una ausencia temporal o absoluta, quien suple al jefe del Estado, es el presidente de la Asamblea Nacional, Diosdado Cabello. No Nicolás Maduro, Vicepresidente Ejecutivo.

Es verdad que el Tribunal Supremo encontró una fórmula para mantener la continuidad de Gobierno en manos del propio Chávez, pero en la práctica, debido a la enfermedad y a la real ausencia de Chávez, es Maduro quien ejerce las funciones del Presidente, cuando las mismas están reservadas constitucionalmente al funcionario electo, no al designado.

Entre otras funciones, el Presidente por mandato de la Constitución debe: cumplir y hacer cumplir la Constitución y la ley, dirigir la acción de Gobierno, nombrar y remover libremente al vicepresidente y a los ministros, nombrar los ministros, agentes diplomáticos y cónsules generales, con aprobación de la Asamblea Nacional, promover, a los oficiales a partir del grado de coronel o capitán de navío, dirigir a la Fuerza Armada Nacional en su carácter de comandante en jefe, ejercer la suprema autoridad de ella y fijar su contingente, convocar y presidir el Consejo de Defensa de la Nación, reglamentar parcialmente las leyes, sin alterar su espíritu, propósito y razón, celebrar los contratos de interés nacional conforme a la ley, negociar los empréstitos nacionales, administrar la Hacienda Pública Nacional... Y más, muchas más. Todas funciones taxativas en el texto constitucional. Y, hay que aclarar, que en la mayoría de las materias de su competencia no existe delegación.

Son funciones para un Presidente electo. No para un vicepresidente designado burocráticamente.

Sin duda, la situación actual, con el Presidente ausente y sin señales convincentes de su capacidad para ejercer el cargo para el que fue electo, no es sostenible y requiere especial atención a la brevedad. La voluntad popular está de por medio.

Tiempo de decisiones

Estamos a punto de comenzar el último mes del primer trimestre y se mantiene una inusual y poco transparente forma de relacionar a los ciudadanos con su máxima autoridad. El país vive, con todo respeto y consideración hacia el Presidente, una especie de intermediación administrativa que genera más dudas que certezas.

EL UNIVERSAL

miércoles 27 de febrero de 2013  02:03 AM

Más allá de las consideraciones jurídicas profusamente difundidas por expertos y analistas, se presenta en Venezuela una extraña situación de inconveniente paralización operativa tanto del sector público como del privado, producto de la incertidumbre y de las dudas legales que rodean el actual orden de cosas. Es que ni siquiera el escenario bosquejado por el Presidente el pasado 8 de diciembre se plantea. Simplemente no hay Presidente y se suple su presencia con informes verbales de reuniones, encuentros, gabinetes y hasta largas jornadas de debates que se convierten en instrucciones y líneas de gobierno supuestamente emanadas del propio Presidente hospitalizado.

Sobre esto no hay certeza. Tampoco de lo contrario, pero nadie ha visto al presidente Chávez, más allá de sus íntimos allegados. Si ya antes se enfrentaban problemas de inseguridad jurídica ahora se han multiplicado, afectando hasta las operaciones de deuda que tenía proyectadas el Gobierno con algunos países en función de los acuerdos bilaterales suscritos.

Estamos a punto de comenzar el último mes del primer trimestre y se mantiene una inusual y poco transparente forma de relacionar a los ciudadanos con su máxima autoridad. El país vive, con todo respeto y consideración hacia el Presidente, una especie de intermediación administrativa que genera más dudas que certezas.

Venezuela atraviesa una complicada situación, más allá de la ausencia del Presidente, tanto en lo económico como en lo administrativo, que obliga a la normalización institucional. Un país que aspire seriamente a alcanzar niveles aceptables de calidad de vida y desarrollo no podrá nunca avanzar con tal grado de incertidumbre e inseguridad.

Es tiempo de tomar decisiones.

Insulza, enterrador de la democracia

ASDRÚBAL AGUIAR |  EL UNIVERSAL

martes 26 de febrero de 2013  

Nadie le ha hecho tanto daño a la democracia como José Miguel Insulza, secretario de la OEA y aspirante a senador chileno. Ni siquiera los déspotas electos y de nuevo cuño -Chávez en Venezuela y Correa en Ecuador, para no citar a otros- quienes manipulan a la democracia y el Estado de Derecho horadando sus contenidos y las garantías que aseguran los derechos para todos los individuos. Y el asunto es simple. Más grave es el perjuicio que causa el juez, quien omite juzgar que el delincuente tuerce a la ley con su arrebato. 

Cada vez que se le llama para que haga valer la "seguridad colectiva" democrática o apoye al sistema de protección de derechos humanos, sobre el camino lanza la piedra de la soberanía del Estado y el principio de la No intervención. Obvia sus deberes y desfigura a conveniencia la teleología del principio señalado, nacido para la protección del modelo republicano. Es el mismo argumento que baten a sus anchas las dictaduras más ominosas, incluida la del general Augusto Pinochet, de quien Insulza dice haber sido víctima pero con quien Insulza, al final de las cuentas, comparte comunidad de "ideas". 

Su historia, como cabeza del plenario interamericano, es larga y desdorosa. Al señalar que "espera que la situación en Venezuela se resuelva la próxima semana" y al referirse a la forma en que los poderes públicos venezolanos interpretan la Constitución para sostener las prerrogativas presidenciales de un paciente terminal y aún Presidente electo, apunta que "en términos políticos esto ha evitado un conflicto que no era necesario". 

Le es intrascendente que los poderes de dicho Estado se carguen al orden constitucional y provoquen "mutaciones constitucionales" -verdaderos golpes de Estado, en el lenguaje más ortodoxo- haciéndole decir a la Constitución lo que no dice o atribuyéndole a sus palabras significados que no tienen, siempre que se alcance el objetivo que aprecia de valioso, a saber, la estabilidad del "gendarme" de Caracas, incluso trucado de Cid Campeador. 

Las páginas editoriales del mundo, sin sesudas indagaciones observan que en Venezuela ocurre lo anterior. Les resulta escabroso que un mandatario moribundo, desde el extranjero, sin que medien partes médicos sobre su situación, siga gobernando al concluir su mandato. Que dicte actos y los firme desde su sede gubernamental sin estar en ella, y gobierne sin término, oculto, en la práctica secuestrado, avalado por una Justicia obediente y obviando, desde antes y esta vez a su vuelta, el sacramento de la juramentación o declaración de fidelidad a la Constitución; ese que todos los mandatarios republicanos acatan y respetan en las democracias y hasta en las dictaduras, al iniciar o concluir sus funciones. 

No cabe bajar hasta el barrial, pero queda la cuestión que hace pública el Gobierno de Venezuela y no es desmentida. A Insulza lo eligen una vez como hace concesiones al presidente Chávez, quien le fija un precio alto a su voto y cuyas consecuencias gravosas las sufre la democracia en el continente. Su comportamiento en los casos de Honduras y Paraguay, por subalterno y penoso, no reclama agregados. 

Para cuando deje de ser lo que es, Insulza deja en su haber -a fuerza de posturas resbaladizas- su contribución con la muerte de la OEA, que pierde su objeto fundacional, como lo es proteger las democracias y los derechos humanos e imponer cordones sanitarios a las autocracias. 

En su cara le han montado organismos sustitutos y mejor avenidos con las "demo-autocracias", como la Celac y Unasur. Y a la par, para complacerlas y satisfacer su ego, debilita a los órganos de la Convención Americana de Derechos Humanos, hasta doblegarlos. Pretende que éstos decidan y juzguen según la máxima que rige en la Cuba de los Castro -expulsada de la OEA y luego reingresada a su seno con honores- a cuyo tenor debe favorecerse siempre al gobernante (pro regnum), aun en perjuicio de los derechos ciudadanos y las libertades (pro homine et libertatis). 

Declara que la democracia se encuentra en alza, por cuanto los gobiernos son más poderosos y aplastan a las fuentes de poder ajenas que los contienen y contrabalancean. De allí su abulia cada vez que Chávez o Correa, o Cristina Kirchner, persiguen a la prensa, que es la "columna vertebral de la democracia". 

Y con retardo, dice hoy estar pendiente del desenlace "institucional" de Venezuela, que mira con ojo de político taimado, muy a la "cubana" -de cuya estirpe ideológica procede- y con desprecio por la democracia constitucional. Nada comenta sobre la "condena a muerte" que el régimen de facto de Nicolás Maduro le ha impuesto ayer a Iván Simonovis, preso a perpetuidad por razones políticas.